La Junta de Fiscales de Sala ha apoyado la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de querellarse contra el presidente catalán, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales por la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre. La querella se presentará presumiblemente "esta semana".

Durante la reunión, que ha durado más de cuatro horas, los fiscales de sala han expresado a Torres-Dulce su "práctica unanimidad" en la decisión de querellarse, según fuentes fiscales. En el encuentro, que ha empezado a las 10.00 horas, han participado el fiscal general del Estado y 24 fiscales, más jefes en distintos órganos o especialidades —otros dos no han participado, uno por enfermedad y el otro porque todavía no ha tomado posesión del cargo— y se realizó en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dadas las discrepancias entre los fiscales catalanes y el fiscal general, que sí considera que debe formularse la citada querella.

Dicho artículo contempla que el fiscal que reciba una orden que estime improcedente, como es el caso, lo debe hacer saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado". En última instancia el asunto lo debe resolver el fiscal general "oyendo a la Junta de Fiscales de Sala", aunque la decisión no es vinculante. La reunión fue motivada por la decisión de la Fiscalía Superior de Cataluña de no iniciar acciones penales contra el presidente catalán y las otras dos responsables del denominado proceso de participación ciudadana.

En la cumbre fiscal, que se ha celebrado en la sede de la Fiscalía General del Estado, Torres-Dulce ha defendido, a grandes rasgos, el primer borrador de la querella que la Fiscalía General del Estado mandó a la Fiscalía catalana el 10 de noviembre y en la que ya figuraban las mismas personas y delitos. Ha argumentado que la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) "no dejaba margen alguno a la duda" y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el "proceso de participación", incluidas la acciones que no se hubieran formalizado jurídicamente "precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación".

Torres-Dulce ha sostenido que la consulta celebrada el pasado 9 de noviembre fue "planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña" y que ello se articuló principalmente a través de la web www.participa014.cat. El Govern "desplegó una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución" con el "designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente referendaria igualmente suspendida por el TC", en la primera de sus resoluciones sobre este asunto.

En un comunicado difundido tras la reunión, la Fiscalía General del Estado ha explicado que la Junta de Fiscales de Sala ha expresado su apoyo "de forma muy mayoritaria" a formular querella "por el llamado proceso de participación ciudadana del pasado 9 de noviembre". En consecuencia, "el Ministerio Fiscal emprenderá las acciones legales oportunas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", que será quien decida si admite a trámite o no la querella.

Solo han presentado objeciones a presentar la querella dos fiscales, el de lo Contencioso-Administrativo Pedro Crespo y de Seguridad Vial Bartolomé Vargas. El primero al entender que el TC no está integrado en el poder judicial con lo que duda de que haya delito de desobediencia que arrastra a los demás, y el segundo al estimar que sería suficiente con la personación de la Fiscalía en las causas ya abiertas por demandas presentadas sobre este asunto en varios juzgados.

La cúpula del Ministerio Fiscal ha mantenido posturas distintas en torno a los cargos públicos que deben ser acusados y los delitos que se les deben atribuir. Los fiscales con mayor categoría de la carrera fiscal han sostenido tres posturas distintas: los que apoyan la querella de Torres-Dulce en todos sus términos, los que creen que solo debe ir contra Mas y su vicepresidenta, y los que sostienen que debe ser dirigida únicamente contra el presidente catalán.

Solo Bartolomé Vargas ha disentido del criterio unánime de que había que presentar querella por una simple explicación: ya hay abiertos en Cataluña diversos procedimientos judiciales y sería suficiente con que el fiscal presentara su correspondiente informe.

De no haber recibido el apoyo casi unánime de la Junta, Torres-Dulce hubiera quedado en una difícil situación al no haber obtenido tampoco el respaldo de los fiscales catalanes. Sin embargo, fuentes judiciales dijeron este martes que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acatará la orden que le dé Torres-Dulce.

La Fiscalía Superior de Cataluña inició el pasado 8 de noviembre, víspera de la consulta alternativa, unas diligencias de investigación ante la realización de actos como la cesión de locales públicos, la elaboración de papeletas o la distribución de urnas por parte del Gobierno catalán, contrarios a la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional.

Tras anunciarse repetidamente por varios medios la interposición de una querella contra Mas, el pasado miércoles Torres-Dulce dejó al criterio de los fiscales de Cataluña la decisión de interponer o no esta acción penal. La decisión se adoptó tras una reunión mantenida en la sede de la Fiscalía General con el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y su número dos, Francisco Bañeres.

Las discrepancias dentro del Ministerio Público también han llegado al terreno político con acusaciones de la Generalitat y el PSOE al Gobierno de utilizar la Fiscalía con fines políticos y del PP hacia el Govern de presionar a los fiscales catalanes. Es por eso que la Fiscalía Superior de Cataluña tenía pensado hacer público este miércoles un comunicado de prensa sobre la situación actual pero lo ha aplazado sine die una hora antes.