El candidato a la Alcaldía de Zaragoza por UPyD, Javier Puy, ha solicitado al Ejecutivo aragonés la retirada del anteproyecto de Ley de Capitalidad para que sean los nuevos Gobiernos -autónomo y municipal- que surjan tras las elecciones de 2015 los que acuerden este marco normativo que regulará el papel de la ciudad de Zaragoza dentro del conjunto de Aragón.

Puy ha estimado que el Gobierno de Aragón no debe impulsar la Ley de Capitalidad de Zaragoza "de forma precipitada y al final de la legislatura". A su parecer, es "una frivolidad" la pretensión de sacar adelante una ley que "no garantiza" de forma suficiente la financiación para las competencias y servicios que traspasa al Ayuntamiento de Zaragoza, "ni aborda las relaciones de la Ciudad con los municipios del área de influencia".

Según Puy, el proyecto de ley presenta "graves deficiencias" porque no contiene una memoria con la dotación económica de los servicios que se traspasan, ni un informe económico-financiero con las fuentes de financiación del municipio para acometer su gestión.

Tampoco se establece el coste efectivo de los servicios municipales, de acuerdo con la normativa del Ministerio de Hacienda, ha informado Puy en una nota de prensa.

Además, UPyD también ha echado en falta en el texto aspectos específicos de la política de desconcentración municipal, y de los órganos municipales de participación vecinal, y la supresión del régimen especial previsto en la Ley de grandes ciudades en lo que afecta a la inflación de órganos políticos y directivos no necesarios.

"ni momento,

Ni escenario"

Para el candidato de UPyD, en una situación de falta de acuerdos para delimitar competencias entre las administraciones públicas aragonesas, de ausencia de un modelo territorial, y de tensión preelectoral entre partidos, "no es el momento ni el escenario adecuado para debatir y acordar una ley de este calado, que marcará y condicionará de forma definitiva el futuro de la Capital de Aragón", donde viven el 50 por ciento de los aragoneses, ha precisado.

Puy ha concluido al señalar que "debe abrirse un período de información pública en las web autonómica y municipal que facilite la incorporación de la opinión de vecinos residentes y entidades sociales".