En un escrito presentado en el Tribunal Supremo minutos después de las doce de la noche por el Abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, se solicita que se deje sin efecto la proclamación de 246 listas de Abertzale Sozialistak: una al Parlamento Navarro, once a las Juntas Generales del País Vasco y 234 de municipios vascos, navarros y del Condado de Treviño (Burgos).

Además, se impugnan otras siete candidaturas independientes, seis de Navarra -Erlain en Basaburua; Urri en Egües; Agrupación Independiente Orikain, Agrupación Txangola y Candidatura San Román de Arre en Ezcabarte; y Errazkingo Elkartea en Larraun- y una de Guipúzcoa, Kimu Berri Taldea en Amezketa.

Una "consecuencia"

Para la Abogacía del Estado, las candidaturas impugnadas "no son sino consecuencia" de la llamada "estrategia de desdoblamiento" entre la actividad terrorista y la política adoptada por ETA desde finales de los años 60 "para presentarse a un nuevo proceso electoral".

Así, estas listas suponen "la continuación de Batasuna en la vida política, el fruto y desarrollo, por tanto, de las nuevas circunstancias derivadas de la ilegalización de HB-EH-Batasuna", añade el escrito, de 102 páginas.

Como prueba de esa continuidad, la Abogacía del Estado destaca "la participación de los dirigentes y miembros destacados de Batasuna en el proceso de recogida de firmas" para que las agrupaciones electorales pudieran concurrir a los comicios.

Los servicios jurídicos del Estado, que analizan una por una las listas impugnadas, señalan, respecto a la presentada por AS en Bilbao, encabezada por la dirigente de Batasuna Jone Goirizelaia, que "no parece haber el menor atisbo de disimulo u ocultación, sino antes al contrario, pública ostentación de las relaciones y vínculos de la candidatura bilbaína con ETA y con Batasuna".

De hecho, en esa misma candidatura, figura la presa Andone Soldevilla, condenada por colaboración con el 'comando Vizcaya' de ETA.

La Abogacía del Estado también destaca que en ninguna de las declaraciones públicas hechas por los dirigentes de Batasuna para presentar estas candidaturas "se contiene la más mínima referencia crítica, siquiera fuera tímida, colateral o implícita, a la violencia terrorista de ETA".

Petición del Gobierno

El Gobierno pide como medida cautelar, por "la relación de las candidaturas impugnadas con Batasuna y con la organización terrorista ETA", que éstas no tengan acceso al censo electoral, "instrumento de localización de personas utilizado en numerosas ocasiones para atentar, amedrentar o coaccionar", hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie.

"La causación de posibles perjuicios a la parte afectada por esta medida, dada la extremada rapidez de tramitación del recurso (...), resultaría proporcionalmente nimia en comparación con los graves perjuicios para una pluralidad de personas, no por potenciales menos graves, que se originarían de suministrarse el censo a las candidaturas cuya proclamación va a ser objeto de recurso", señala.

Esta medida ya fue solicitada y acordada por la "sala del 61" del Supremo con las listas de Herritarren Zerrenda al Parlamento Europeo en junio de 2004 y con las de Aukera Guztiak al Parlamento vasco en 2005.

La Abogacía del Estado, por otra parte, presentará esta mañana en el Tribunal Supremo otro escrito en el que impugnará entre 90 y 125 candidaturas del partido Acción Nacionalista Vasca (ANV).