Se anunciaron en 2011 y, desde entonces, su adjudicación y puesta en marcha se ha ido demorando por cuestiones burocráticas y por falta de concreción.

Se trata de los llamados Centros de Iniciativa Social (CIS), los colegios privados que se construirán en suelo público y cuya gestión quedará en manos de las empresas impulsoras durante 75 años a cambio de un canon y del concierto de todas sus plazas.

Esta fórmula elegida por el Consell argumentando demanda de los padres y un ahorro a la hora de levantar los nuevos centros educativos tiene en la actualidad solo dos colegios licitados y en fase de selección de ofertas: uno en Elche y otro en Calpe. Otros cinco (uno de ellos en la ciudad de Valencia) están, según fuentes de la Conselleria de Educación, en diferentes fases de redacción de los pliegos, de aprobación para la cesión de los terrenos por parte de los ayuntamientos o de preparación de diferentes aspectos técnicos.

Los planes iniciales se han ido posponiendo, así como las fechas para la apertura de estos centros. En un primer momento, desde la Conselleria de Educación se apuntó al curso 2013/2014 para la apertura de los primeros CIS.

Más tarde se habló del actual, 2014/2015, pero la realidad es que en estos momentos no han comenzado las obras, y solo dos de ellos se encuentran en fase de valoración de las ofertas presentadas. Desde este departamento se habló de un periodo de 18 meses para la licitación, baremación y construcción, por lo que la primera apertura puede estar aún lejana.

Una de las principales razones de la Generalitat para justificar la adopción de esta fórmula es el supuesto ahorro económico que supone para la Administración, ya que la empresa adjudicataria se encarga tanto de la construcción como de la gestión del centro educativo. Un informe económico del Consell presentado en 2011, cuando se anunció la iniciativa, cifraba en 32 millones de euros el ahorro para la Generalitat Valenciana por la construcción de los cinco primeros CIS.