También ha asegurado que va a eliminar el impuesto sobre el patrimonio «para las rentas medias y bajas». Francisco Camps se comprometió también a establecer deducciones para familias numerosas, gastos de guardería o madres que trabajan en el hogar.
Entre las propuestas económicas del PP, destaca también la supresión del impuesto de donaciones de abuelos a nietos huérfanos (entre hermanos seguirían gravadas) y una nueva deducción para alquiler a menores de 35 años.
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EL PP PRESENTA COMO CANDIDATA A LA ALCALDIA DE PEGO A LA MUJER DE UN DELINCUENTE
El ex alcalde de Pego, primer cargo público que ingresa en prisión por delito ecológico
El PP presenta a la alcaldía a la esposa de Carlos Pascual, condenado a seis años
J. FERRANDIS / L. GARRIDO - Valencia - 03/05/2007
Carlos Pascual, alcalde de Pego (Alicante) entre 1995 y 2003, se convirtió ayer en el primer cargo público que entra en prisión por delito ecológico. Pascual ingresó en la cárcel de Picassent (Valencia) tras ser rechazado un recurso de súplica que presentó por motivos humanitarios. El ex alcalde está condenado a seis años por causar graves daños en el parque natural del marjal de Pego-Oliva entre 1996 y 1998, al promover la recuperación de cultivos prohibidos y subir el valor de las fincas particulares. El PP presenta a la esposa de Pascual, Maite Ferràndiz, como candidata a la alcaldía.
Carlos Pascual, inhabilitado para ocupar cargo público por un periodo de seis años y esposo de la candidata popular a la alcaldía de Pego, ingresó ayer voluntariamente antes de las ocho de la mañana en el centro penitenciario de Picassent después de que la sección tercera de la Audiencia de Alicante desestimara un recurso de súplica en el que alegaba motivos humanitarios y de salud para eludir la prisión.
Pascual, ex alcalde de Pego entre 1995 y 2003 primero como candidato de Unión Valenciana y luego como independiente, ha sido condenado por actuaciones realizadas entre 1996 y 1998. Años en los que quemó vegetación del marjal del municipio de forma intencionada, rebajó el nivel del agua del humedal, instaló bombas para extraer agua y construyó caminos y diques para facilitar el paso de vehículos. Todo ello basándose en un plan local declarado ilegal y sobre una zona del parque natural declarada de especial protección. A consecuencia de estas actuaciones, 600 hectáreas del parque quedaron afectadas, se registró una muerte masiva de peces, bajó notablemente el nivel del agua del marjal y se constató peligro de desecación.
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