Además, según informa el Ministerio de Justicia, la Abogacía del Estado impugnará cinco candidaturas, no incluidas en la denominación "Abertzale Sozialistak", en Navarra (junta de zona de Pamplona) y otras dos independientes en Guipúzcoa (junta de zona de Tolosa).
La Fiscalía General del Estado también anunció esta tarde la impugnación de las candidaturas electorales de AS.
La explicación de Conde-Pumpido
A las cinco de la tarde, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, aseguró que finalmente serán más de 80 las listas de este partido que se impugnarán por estar "contaminadas".
Añadió que, por el momento, no se instará la ilegalización de ANV porque se trata de "un procedimiento expresamente establecido" en la Ley de Partidos que "tiene un recorrido que no permite ser empleado, y nunca se ha empleado, en esta fase de impugnación de candidaturas.
Conde-Pumpido agregó que esta formación tiene unos estatutos en los que se hace una mención expresa al repudio de la violencia y dijo que la Fiscalía "va a ser muy respetuosa con la libertad ideológica" y que aquellas candidaturas que "no aparezcan infiltradas por Batasuna no se impugnarán", al igual que se ha hecho con otras listas, entre las que citó las de Aralar.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado ultimarán durante esta jornada las impugnaciones contra las listas de ANV, ya que mañana se cumple el plazo previsto para presentarlas.
"Estrategia de Batasuna"
Las candidaturas de AS se impugnan, entre otras razones, porque, según la Abogacía del Estado, es "una estrategia del complejo Batasuna, quebrantando con ello, pese a su ilegalización, las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como la Ley Orgánica de Partidos Políticos".
Para la Abogacía del Estado, que actúa representando al Gobierno, "existen numerosas actuaciones de Batasuna", que "evidencian" esta "estrategia".
Por eso, se recurren las proclamaciones de las candidaturas de Abertzale Sozialistak, en las que aparecen "los nombres más significativos" de Batasuna, como Pernando Barrena o Floren Aoiz como candidatos al Parlamento de Navarra, Maite Iturralde a la Junta de Álava y Joseba Permach al Ayuntamiento de San Sebastián.
Esas actuaciones se iniciaron el pasado 3 de abril, fecha en que se solicitó al Tribunal Supremo por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, que se impidiera la inscripción del partido "Abertzale Sozialisten Batasuna por ser continuador de Batasuna".
Iniciativa efectiva de los ilegalizados
Otro argumento que planteará la Abogacía del Estado para impugnar las candidaturas de AS es que "todo el proceso de preparación, dinamización y dirección de las agrupaciones de electores ha sido llevado a cabo efectivamente por Batasuna", lo que se acredita con informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y anexos de prensa.
En este sentido, el fiscal general, Conde-Pumpido, observó en su comparecencia que la formación ilegalizada "conoce cuál es la Ley y saben que no tienen más que repudiar la violencia para presentarse a las elecciones".
Pero sobre todo, se acredita, según la Abogacía, por "las propias actuaciones y manifestaciones de los dirigentes de la ilegal Batasuna".
Los mismos candidatos
El tercer argumento que utilizará la Abogacía del Estado será el de que "se han detectado numerosos puntos de conexión entre los miembros de las candidaturas de Abertzale Sozialistak con las organizaciones ilegalizadas".
"Se demuestra que un altísimo porcentaje de candidatos han sido candidatos o electos en anteriores comicios de las organizaciones ilegalizadas", en su opinión.
En las primeras horas de la mañana de ayer, la Abogacía del Estado planteó estos argumentos en un recurso de cien páginas.
ANV y las agrupaciones electorales, todavía no
Fiscalía y Abogacía también están examinando los nombres que englosan las 252 listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV), a partir de los informes que han elaborado la Policía y la Guardia Civil tras analizar a 11.702 candidatos de 1.162 listas presentadas en el País Vasco y Navarra.
Es aquí donde el Gobierno reconoce que algunas de ellas "no vulneran la Ley de Partidos al no tener sus candidatos vínculos con la ilegalizada Batasuna", según fuentes del Gobierno, con lo que sólo se podrán impugnar "entre el 30 y el 50% de estas candidaturas".


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