El Tribunal de Cuentas detecta un desvío "injustificado" a empresas de fondos de formación que habían sido concedidos por el Estado a las organizaciones empresariales y sindicales, o lo que es lo mismo "una excesiva subcontratación de la actividad subvencionada". Así lo expresa el Tribunal en el informe de fiscalización sobre la gestión de la Fundación Tripartita de los fondos para la formación y el empleo en 2010.

En este informe, el Tribunal hace hincapié en "la ausencia de evaluación de la eficacia y eficiencia de la formación profesional" desarrollada ese año. En el informe, el Tribunal de Cuentas asegura que se vulneraron los principios de transparencia y concurrencia en la utilización de los recursos públicos, al constatar la contratación directa de proveedores de servicios de formación por parte de CEOE, Cepyme, UGT y la Fundación Laboral de la Construcción.

Así, afirma que la CEOE contrató de forma directa 4,3 millones de euros sin solicitar tres ofertas previamente; cifra que en el caso de Cepyme ascendió a 7,7 millones; en el de la Fundación Laboral de la Construcción, a 12,2 millones; y en el de UGT, a 1,1 millones. Entre las "deficiencias e incumplimientos" detectados en los costes imputados, el Tribunal pone como ejemplo una entidad que desarrolló un plan de formación de la CEOE, que facturó un importe de 334.022 euros en concepto de alquiler de equipos informáticos, con licencias de software.

Considera estos gastos "excesivos", ya que los gastos reales de alquiler fueron de 3.489 en un grupo de acciones formativas y 4.652 euros en otro. En cuanto a los participantes en los planes de formación, se ha determinado que determinadas empresas privadas utilizaron los fondos para formar a sus propios trabajadores, o que determinados empleados llegaron a participar en más de diez acciones formativas cada uno.

El Tribunal observa un "menoscabo" en los caudales públicos, algo que atribuye a la falta de control del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Fundación Tripartita, que compone el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Por ello, recomienda al Ministerio de Empleo y Seguridad Social adoptar las medidas tendentes a garantizar el cumplimiento de los principios de concurrencia, transparencia, objetividad e igualdad, inspiradores de la gestión de las subvenciones públicas.

También insta al SEPE a analizar las situaciones susceptibles de financiación indebida e incrementar las actuaciones de control. En cuanto a la Fundación Tripartita, el Tribunal les recomienda analizar de forma exhaustiva sus necesidades de formación "fijando objetivos claros y evaluables". El informe también ahonda en la ausencia de medios para el control horario, lo que ha impedido verificar la exactitud del coste en personal de los planes de formación fijados en un total de 50,2 millones de euros.

En relación a la "excesiva subcontratación", el Tribunal recalca que se superó con creces el porcentaje establecido por la Ley General de Subvenciones, que está fijado en el 50 %. También constata que en 2010 sólo el 45 % de las entidades beneficiarias que gestionaban planes de formación declararon la obtención de dichos ingresos.

Según el Tribunal, las entidades que en 2010 se beneficiaron de 426 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación sólo generaron rendimientos financieros por valor de 220.697 euros. El Tribunal de Cuentas resalta que la situación irregular de 2010 no alertó al SEPE ni a la Fundación Tripartita, que no requirieron a las entidades beneficiarias "los motivos de esta falta de obtención de rendimientos financieros, lo que generó un menoscabo de los caudales públicos"