El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado del 'caso Emarsa', ha abierto juicio oral contra tres exresponsables de la empresa de tratamiento de lodos Notec por presuntamente defraudar 251.847 euros a la Hacienda Pública en el pago del impuesto de sociedades en 2008, según consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Se trata de los empresarios Vicente Ros Bartual y José Luis Sena —quienes fueron consejeros delegados de Notec— y Enrique Sena —que fue presidente del Consejo de Administración—, quienes están procesados en la pieza 6 del procedimiento.

Se da la casualidad de que contra uno de los empresarios, Ros, también se ha abierto juicio en otra pieza del caso, junto a su mujer, Vicente José Fortuny, por desviar su patrimonio para eludir el pago de una posible responsabilidad civil.

Respecto a la pieza 6, los tres procesados se enfrentan a tres años y medio de prisión —tal y como solicita el ministerio fiscal—, dos de ellos como autores de un delito contra la Hacienda Pública en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil; y el tercero como cooperador necesarios de estos delitos. Así mismo, Fiscalía les exige una multa de 600.000 euros para cada uno.

El juez abre juicio contra los tres y, en concreto, para Enrique Sena pide adoptar medidas cautelares —que hasta ahora no se habían requerido— tanto por existir indicios de criminalidad contra él como para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes. Fija la responsabilidad en 251.847,85 euros.

El magistrado, que mantiene las medidas cautelares respecto a los otros dos procesados, señala como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa al juzgado de lo Penal.

Por otro lado, respecto a la pieza que atañe únicamente a Vicente Ros y a su mujer, Vicenta Jose Fortuny, el juez también acuerda la apertura de juicio al existir indicios de criminalidad contra ellos, y mantiene las medidas cautelares adoptadas contra ellos.

Para Ros, el ministerio fiscal pide tres años de prisión como autor de un delito de alzamiento de bienes; y para Fortuny la misma pena como cooperadora necesaria. También les reclama una multa de 13.500 euros.