Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este martes en diferentes provincias a 32 personas, la mayoría funcionarios, presuntamente relacionadas con una trama de pagos ilegales a personal de ayuntamientos a cambio de concesiones públicas a empresas.

Otra treintena de personas han resultado imputadas en la operación, bautizada como "Enredadera" y que supone la tercera fase de la investigación de la operación Madeja ordenada por la juez Mercedes Alaya.

En total los agentes han practicado detenciones o registros en doce provincias: Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Las Palmas (Lanzarote y Gran Canaria). Uno de los registros ha tenido lugar en la Diputación de Sevilla, que preside Fernando Rodriguez Villalobos (PSOE).

A los detenidos e imputados, según la Dirección General de la Guardia Civil, se les achaca la comisión de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

Entre los detenidos, señalan las mismas fuentes, figuran tres cargos públicos: el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez; el jefe de área de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín —ya en libertad—, y el actual vocal de la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona.

Los otros 29 detenidos son fundamentalmente funcionarios y representantes de empresas como Fitonovo, la empresa sobre la que gira gran parte de la operación Enredadera y cuyos responsables ya fueron arrestados el pasado año. De los 32 detenidos, 23 lo han sido en Andalucía: 11 en Sevilla, 4 en Córdoba, 3 en Jaén, 3 en Huelva, uno en Granada y otro en Cádiz.

Fuera de Andalucía, se han practicado dos detenciones en Zaragoza por su presunta implicación en la adjudicación de contratos de Adif irregulares, mientras que en Canarias la Guardia Civil ha arrestado a tres personas, entre ellos al portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, y a un representante de la empresa Fitonovo en Gran Canaria. Ambos han quedado en libertad con posterioridad. Además, los agentes han arrestado a otras dos personas en Madrid, una en Badajoz y otra en Valencia.

Esta operación es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla S.A. De esta operación, los agentes concluyeron un "no justificado" incremento patrimonial del que fuera hasta 2007 director del área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.

Los agentes realizaron un informe patrimonial sobre esta persona de la que se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo —contratista habitual de numerosas administraciones públicas— múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza desde dinero hasta vehículos, lo que provocó en julio y diciembre del pasado año la apertura de nuevas diligencias, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa citada.

Con el análisis de la documentación incautada entonces, los investigadores determinaron que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, de forma que había habilitado la estructura de la propia empresa para formar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación.

A su vez también los imputados también habían creado una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos. Las indagaciones que lleva a cabo al respecto la Guardia Civil están bajo secreto de sumario, decretado por la juez Mercedes Alaya en julio de 2013 y prorrogado en quince ocasiones, la última el pasado 10 de octubre.

Tres personas llegaron a estar en su día en prisión por este asunto: Francisco Amores, exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla; al empresario José Antonio González Baró, administrador de la empresa Fitonovo, y a Francisco Luis Huertas, jefe de mantenimiento del Parque María Luisa.

Este último quedó en libertad en enero de este año, tras rebajar la jueza a 60.000 euros la fianza de 150.000 euros que había fijado inicialmente. En cuanto a Amores y González Baró, ambos se encontraban también el libertad bajo fianza, de 150.000 y 250.000 euros, respectivamente.

En mayo pasado, la juez levantó parcialmente el secreto respecto al exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero, que habrían incrementado su patrimonio en 811.396 euros en siete años, de los que 400.181 euros lo fueron sin justificar y con posible origen en comisiones ilegales.

También fue imputado en este caso, Joaquín Peña, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, a quien en diciembre destituyó el alcalde Juan Ignacio Zoido (PP) al conocerse su imputación en esta nueva rama del caso Mercasevilla.

Este martes la jueza Alaya ha ampliado la imputación a González Baró y también al empresario de Fitonovo Rafael González Palomo y el administrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo; la Fiscalía de Sevilla ha pedido para ellos fianzas de responsabilidad civil por un valor de 3,5 millones de euros. Los tres, según fuentes del caso, se han acogido a su derecho constitucional a no declarar y, seguidamente, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares.

La Fiscalía ha pedido una fianza civil de dos millones para Rafael González Palomo; de un millón de euros para su hijo, José Antonio González Baró, y de 0,5 millones de euros para Ángel Manuel Macedo. Tras ello, la juez Mercedes Alaya los ha dejado en libertad con cargos, han añadido las misma fuentes consultadas, que han precisado que la instructora todavía no ha tomado una decisión sobre las fianzas.

Uno de los registros de este marte por parte de agentes de la UCO ha tenido lugar en la Diputación de Sevilla. Los agentes, a bordo de dos vehículos, se han personado alrededor de las 9:00 horas en la avenida Menéndez Pelayo de la capital hispalense, y han entrado en el edificio provistos de cajas de cartón. Allí se ha producido al menos una detención, la del jefe del servicio de Carreteras Carlos Podio.

La Diputación creó una comisión de investigación interna del servicio de contratación que rechazó que se hubieran cometido ilegalidades en los expedientes del servicio de carreteras. Fuentes de la Diputación han explicado que la comisión se creó pocos días después de conocer por los medios de comunicación la presunta implicación de un funcionario en irregularidades en la concesión de servicios públicos tras la segunda fase de la operación Madeja.

La comisión duró tres meses y en ella se analizaron todos los expedientes del servicio de carreteras, tras lo cual se concluyó que todos se ajustaban a la legalidad y a la normativa vigente, han subrayado las fuentes.