Cerca de 100.000 catalanes reclaman a la Generalitat la devolución del euro por receta

Cerca de 100.000 catalanes han reclamado la devolución del euro por receta después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera el impuesto y lo declarara inconstitucional en mayo de este año, según han informado fuentes de la Consejería de Salud de la Generalitat.

La tasa, cuya devolución se hará por transferencia bancaria a quienes lo reclamen mediante un formulario disponible en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat, tenía un carácter "disuasorio y no era ninguna barrera porque quien no podía, no la pagaba", ha defendido el consejero, Boi Ruiz, en una entrevista de El Punt Avui.

En el formulario de solicitud de la devolución, que cuenta con el sello del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut, su acrónimo en catalán), los usuarios que hayan pagado la tasa durante su periodo de vigencia deben rellenar sus datos personales y bancarios, algo que debe hacer un representante legal en el caso de los menores, discapacitados y pacientes que hayan fallecido.

En el documento, se avisa a los usuarios de que "se comprobará que estén al corriente de sus obligaciones tributarias y que no tengan ninguna deuda con la Generalitat".

Ruiz avanzó a Europa Press que el sistema de retorno de la tasa, que estuvo en vigor desde el 23 de junio de 2012 hasta el 15 de enero de 2013, depende de la Consejería de Economía y Conocimiento, que se encarga de repartir las partidas entre los distintos departamentos. Añadió que el retorno "no sería inmediato, sino que se recogerían solicitudes hasta final de año y luego se vería a qué partida se carga el importe que se deba devolver".

La Generalitat recaudó 45,7 millones de euros con el cobro del euro por receta desde su implantación el 23 de junio de 2012 hasta su suspensión el 15 de enero de 2013, aunque cifró en 198 millones el coste de esta tasa, dado que más allá de la recaudación directa preveía ahorros superiores a los 100 millones.

La tasa se diseñó con un tope máximo por persona para evitar penalizaciones a los enfermos crónicos, aunque los datos demuestran que el 5,5% de la población que más fármacos consume aportó hasta el 32% de lo recaudado, y ello a pesar de que hasta 125.000 personas fueron excluidas del pago del impuesto por considerarse vulnerables.

El euro por receta generó también quejas entre algunos sindicatos y usuarios de la sanidad, que organizaron campañas de protesta por lo que consideraron una barrera en el acceso a los fármacos, y hasta 40.000 pacientes —unas 6.000 recetas al mes— se negaron a pagar el euro durante el tiempo que estuvo en vigor, el 0,08% de las recetas que se prescribieron.