'El Consejo de Ministros, siguiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Energía, ha decidido autorizar a Enel a ejercer plenamente los derechos políticos sobre el porcentaje que posee en Endesa', explicó De la Vega en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros.
Los derechos de voto de Endesa o de cualquier otra eléctrica con participación del Estado, están sometidos a la autorización del gobierno si un accionista pretende superar el 3 por ciento del capital político.
Al margen de esta norma, ahora salvada, la propia Endesa tiene limitados por estatuto los derechos de voto en el 10 por ciento, aunque previsiblemente en el marco de la actual OPA sobre la eléctrica el blindaje se eliminará próximamente en junta de accionistas.
La decisión del gobierno se produce después de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) salvase la víspera otro obstáculo al autorizar a Enel alcanzar una participación del 24,9 por ciento, con condiciones que revisará si Enel alcanzase el control de la eléctrica de forma conjunto o individual.
La legislación española también establece que cualquier participación de más del 10 por ciento en una de las grandes eléctricas nacionales debe de contar con el visto bueno del supervisor del mercado energético.
Enel solicitó a la CNE permiso para superar el 10 por ciento que ya posee en Endesa antes de presentar en la CNMV una OPA, junto con Acciona, sobre la totalidad de la eléctrica española.
Al margen de la OPA, Enel posee directamente un 10 por ciento de Endesa y tiene contratos para hacerse con el 24,9 por ciento.
Esta OPA exigirá una nueva autorización por parte del organismo supervisor del mercado eléctrico.
La CNE ya recomendó la semana pasada con condiciones que se levantaran las restricciones que pesaban sobre los derechos de voto de Enel en Endesa y que estaban limitados al 3 por ciento.
'Por este motivo, el Ministerio de Industria ha decidido retirar esta restricción pero garantizando que la entrada de Enel en Endesa no perjudique los intereses nacionales que son los de mantener la calidad del suministro o garantizando que no se pongan nunca en riesgo las inversiones definitivas', señaló De la Vega.
A Enel se le impone, no obstante, la obligación de información al Gobierno sobre su estrategia corporativa.
'(El grupo italiano tiene que informar) sobre los acuerdos, decisiones y actuaciones en las que intervenga en aspectos que afectan a intereses esenciales de seguridad pública españoles, exclusivamente', detalló la vicepresidenta.
/Por Jesús Aguado/
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