El exconsejero de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha sido trasladado este sábado de la cárcel madrileña de Soto del Real a la prisión de Estremera, mientras que su socio y amigo David Marjaliza ha sido conducido al centro penitenciario de Aranjuez. También el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, ha sido trasladado a la cárcel de Navalcarnero.

Según han informado fuentes penitenciarias, cuando hay muchos detenidos en una misma operación en un centro penitenciario (en este caso era Soto del Real) se aconsejan los traslados por causas organizativas y de buen orden del establecimiento y más si, como en este caso, el juez considera a los arrestados en la 'operación Púnica' miembros de una trama organizada.

De los tres trasladados, Granados y Marjaliza son considerados los 'cabecillas' de la red de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos desarticulada esta semana.

Todas las prisiones donde se han realizado los traslados son cárceles de la Comunidad de Madrid, porque los internos tienen que estar a disposición del juez de la manera más práctica y accesible.

Además, las fuentes no han descartado que se puedan producir nuevos traslados de algunos de los acusados en la trama Púnica en régimen de prisión incondicional que dictó esta semana el juez Velasco, ni de los otros dos detenidos que permanecen en prisión eludible con fianza.

Este viernes, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a prisión a Granados y a Marjaliza por formar parte de una "organización criminal" desarticulada con la 'operación Púnica'. El magistrado atribuye a Granados los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude. La resolución judicial detalla que el exnúmero dos del PP madrileño es "titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado".

Según el juez, las "redes clientelares de tráfico de influencias" de la organización de la que formaba parte Granados se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Las resoluciones judiciales dictadas por el magistrado apuntan que las "autoridades municipales" detenidas "se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos".

En prisión incondicional se encuentran el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP); el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), uno de los supuestos cabecillas de la red y 'conseguidor' de contratos públicos, Alejandro de Pedro; la 'mano derecha' de Marjaliza, Ana María Ramírez, y un directivo de Cofely, Pedro García.

También están en Soto del Real el empresario José Luis Huerta y el jefe de gabinete de la alcaldía de Parla Antonio Borrego, pero eludible con una fianza de 300.000 y 60.000 euros, respectivamente.