La Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE presentó con fecha 27 de octubre ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una demanda de recurso contra las disposiciones contenidas en el Decreto 121/2014, de 26 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de consumidores y usuarios de Andalucía.

En una nota, la Unión precisa que, de esta manera, UCA-UCE ejercita su derecho de acción de impugnación de una disposición de carácter general emanada de la comunidad autónoma de Andalucía, concretamente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.

Con la impugnación de este decreto que, según asegura, "en ningún momento contó con el necesario consenso, ni con el apoyo de UCA-UCE", se estarían "invadiendo" competencias de naturaleza estatal y contraviniendo y modificando legislación jerárquicamente superior autonómica así como legislación estatal.

De esta manera, consideran que el decreto "podría ser contrario a los artículos 14 y 51 de la Constitución Española, a la Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, a la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas, al Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como a la Ley 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal y el RD 1720/2007 de su desarrollo".

Ha recordado que en su momento, UCA-UCE advirtió a la Secretaría General de Consumo de la Consejería que "lo que inicialmente iba a ser sólo un decreto para regular el registro andaluz de asociaciones de consumidores y usuarios, no podía ni debía convertirse en la regulación 'por decreto' del régimen jurídico de las asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía que, por su relevancia constitucional y estatutaria requerían reserva de Ley". Además, ha recordado que "de conformidad con el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior como esta, no pueden oponerse a las de rango superior".

Considera que "algunos de los aspectos de este decreto son más que cuestionables desde el punto de vista jurídico".

Así, apunta que la nueva norma auspiciada "dificulta la asociación de personas con escasos o nulos recursos, obligando preceptivamente al pago de cuotas dinerarias para obtener la consideración de persona socia de una organización de consumidores y que ésta 'demuestre' su representatividad para la solicitud de ayudas a la administración o la portavocía de sus intereses en órganos institucionales".

Critica algo que "es aún más ilógico", como es el hecho de que "se condicionen las ayudas o subvenciones al montante dinerario de ingresos por cuotas y se minusvalore lo verdaderamente importante, esto es, el número de personas socias con independencia de que paguen cuota o no, o si ésta es más o menos alta". Así se deduce que "se primarían las ayudas de la administración a las organizaciones que ya de por sí cuentan, o supuestamente cuentan, con ingresos suficientes para su actividad".

En otro orden de cosas, UCA-UCE cree que las nuevas exigencias que se derivan del Decreto impugnado "entra en abierta contradicción con los más elementales principios en cuanto a la protección de datos personales". Precisa que el nuevo decreto "impone el acceso total de la Administración a la información de la base de datos personales que los socios sólo cedieron en su momento para la exclusiva gestión de sus demandas por parte de las asociaciones concretas a las que se los cedieron".

Ha recordado que la aprobación de este Decreto "no contó ni con el consenso de las federaciones andaluzas de consumidores y usuarios, ni con el respaldo del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía".

La Unión de Consumidores de Andalucía se ha solicitado también ante el TSJA la adopción de medidas cautelares consistentes en la suspensión inmediata en cuanto a la aplicación de las disposiciones del Decreto que han resultado impugnadas, especialmente las relacionadas con "la modificación de preceptos legales de normativa con superioridad jerárquica, la vulneración de derechos preconstituidos por haberlo sido por norma de rango superior, la vulneración de preceptos constitucionales, leyes autonómicas y normativa de carácter estatal, la vulneración de derechos de los consumidores y usuarios así como la vulneración del derecho de protección de datos".

Para UCA-UCE, la aprobación del nuevo Decreto "ha puesto fin al talante de búsqueda de consenso que ha estado vigente durante más de dos décadas y que ha propiciado en Andalucía un ejemplar modelo de equilibrado desarrollo del movimiento de asociaciones de consumidores y usuarios, que ahora se pretende romper".