El PSOE exigirá en el pleno del Ayuntamiento de Málaga de este jueves que deje de embargar a aquellos ciudadanos cuya retribución sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 645 euros mensuales.

Así lo ha señalado este miércoles la portavoz socialista, María Gámez, quien ha denunciado esta práctica por parte de Gestrisam: "el PP está realizando embargos en cuentas corrientes en al menos un centenar de casos, dejando a las personas sin recursos para subsistir".

Esta práctica, ha advertido la edil del PSOE, "ha colocado en una situación de extrema dificultad a muchas familias, impidiéndoles la compra de comida o el pago de alquileres o de servicios básicos como el agua o la luz".

La candidata socialista a la Alcaldía ha añadido que esta práctica, incluso, puede asimilarse a "un fraude de ley", ya que la Ley de Enjuiciamiento Civil no permite realizar embargos a ciudadanos cuyas retribuciones están por debajo del SMI. Según ha declarado, "Gestrisam habría procedido a estas sustracciones amparándose en que se han realizado en cuentas bancarias y no en el sueldo de forma directa".

"En algunos casos, desde el Ayuntamiento se ha dejado sin recursos a familias malagueñas que no perciben más de 350 o 400 euros al mes, teniendo entonces que acudir a los servicios sociales para comer", ha alertado.

Gámez ha pedido que se acabe con estos embargos: "queremos que el Partido Popular deje vivir a estos malagueños, no que los asfixie aún más en una situación ya de por sí bastante complicada".

Convenios con bancos

En este sentido, el PSOE también solicitará que el Ayuntamiento firme convenios con las entidades financieras que colaboran con Gestrisam para que se compruebe si los ciudadanos que son embargados perciben un salario por debajo del SMI para evitar así casos como los de anulación de las cuentas bancarias, de cortes de agua o luz en viviendas o la expulsión de inmuebles en alquiler como ha ocurrido hasta ahora.

Ha comentado también que "si un ciudadano ve que se le ha embargado de forma injusta tiene que reclamar esa cantidad ante la Oficina de Recaudación en un plazo máximo de 20 días porque de no hacerlo, no obtendría la devolución al menos hasta que pasen tres meses", un tiempo éste último que ha tachado de "excesivo".

Además, Gámez ha precisado que al mes siguiente se puede repetir este proceso, por lo que, con esta moción, lo que se pretende es que "no se vuelvan a dar situaciones de este tipo". "Es un caso de absoluta desprotección de malagueños", ha concluido.