El Ayuntamiento pedirá a la CHC que asuma su responsabilidad en las filtraciones de La Turbera

El Ayuntamiento de Torrelavega requerirá a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) a que asuma su responsabilidad y sufrague el coste del proyecto para la eliminación de las filtraciones de La Turbera, cifrado en 200.000 euros según un estudio de la Universidad de Cantabria.
José Luis Urraca
José Luis Urraca
AYUNTAMIENTO
José Luis Urraca

El Ayuntamiento de Torrelavega requerirá a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) a que asuma su responsabilidad y sufrague el coste del proyecto para la eliminación de las filtraciones de La Turbera, cifrado en 200.000 euros según un estudio de la Universidad de Cantabria.

En función de la respuesta, el Consistorio iniciará los trámites legales pertinentes, al considerar a la CHC la "institución competente" en el problema de las filtraciones de agua que sufren las casas del barrio de La Turbera (Torres), por tratarse de aguas de dominio público hidráulico, según concluyen los informes técnicos.

Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca, que ha comparecido ante los medios de comunicación, para explicar el texto de la moción que los socialistas y regionalistas presentarán en el Pleno del Ayuntamiento con este objeto.

En la misma se insta "al Gobierno de Cantabria y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para que, siendo las administraciones competentes en la materia, como así se indica en los informes emitidos por los técnicos municipales, éstas se hagan cargo de su responsabilidad y, por tanto, del coste de la obra necesaria para eliminar las filtraciones".

Urraca ha reconocido que al Ayuntamiento "no le queda otra alternativa" tras haberse quedado solo en defensa de la proposición no de ley, llevada al Parlamento de Cantabria por los socialistas, para velar por los intereses de los vecinos de la Turbera y exigir la asunción de responsabilidades a las instituciones competentes, es decir, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, bajo cuya competencia se incluyen las aguas subterráneas que están causando las filtraciones.

En este sentido, ha criticado que el exregidor, el diputado Ildefonso Calderón, votara "en contra de los intereses de Torrelavega, de los vecinos de la Turbera, y del Ayuntamiento del que el fue el alcalde".

Además, el edil ha recordado que el PP ha anunciado que en el próximo Pleno presentará una moción para instar al Ayuntamiento de Torrelavega a realizar las obras "a pesar de conocer los informes que tanto el secretario como el interventor municipal han emitido en contra de esa opción" al considerar, en el caso del primero, que las obras no son de competencia municipal "al tratarse de una actuación referida al dominio público hidráulico de titularidad estatal".

El interventor, por su parte, considera que es "difícilmente explicable" que "no siendo la administración causante de los problemas y siendo claramente la de menor capacidad financiera", sea el Ayuntamiento quien, en su caso y a su costa, ejecutara esta obra, "siendo por ello susceptible de ser considerado como una ilícita aplicación de fondos de la hacienda municipal".

En este sentido, el edil no comprende por qué Calderón y su grupo municipal insisten en que sea el Ayuntamiento el que inicie esa obra "para la que no tiene competencias y en contra de los informes de los técnicos municipales".

MOCIÓN

En la moción se insta a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a asumir su competencia y con la colaboración que sea necesaria, tanto del Ayuntamiento de Torrelavega como del Gobierno de Cantabria, ejecute las soluciones propuestas por la Universidad de Cantabria para hacer frente a las filtraciones de agua y a los socavones de La Turbera.

También se insta al Gobierno de Cantabria a prestar al Ayuntamiento de Torrelavega la asistencia técnica, jurídica y económica necesaria para afrontar este problema; garantizar la seguridad de las viviendas y de las personas y poner fin a las filtraciones de agua de La Turbera; y se acuerda iniciar las acciones legales y en su caso judiciales que sean necesarias para exigir que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico asuma su competencia y su responsabilidad en relación con la solución de los problemas causados por las filtraciones de agua y por los socavones de La Turbera.

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