Las fuerzas de seguridad de México extendieron la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero hace más de un mes a otros estados, informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio.

En una rueda de prensa tras la reunión del gabinete de seguridad con el nuevo gobernador del sureño estado de Guerrero, Rogelio Ortega, Osorio dijo que hasta ahora "más de cien lugares han sido recorridos" para tratar de hallar a los jóvenes.

Esos sitios fueron determinados con la colaboración de los padres de los jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala, añadió el ministro, quien precisó que las labores de búsqueda incluyen estados próximos a Guerrero.

Asimismo, indicó que en este momento hay unas 10.000 personas del Ejército, la Armada y la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) desempeñando labores de seguridad en Guerrero.

Por otro lado, se cubrirán 17 municipios de la región de Tierra Caliente, donde serán renovadas las instituciones de seguridad con mandos que permitan a la ciudadanía "confiar en los que están ahí, cuidándolos a ellos y a sus familias".

El ministro reconoció que el problema de seguridad en Guerrero "es muy grande" y ha captado "la atención de todo el mundo".

Además, expertos de la fiscalía mexicana buscan en una zona cercana al municipio mexicano de Cocula, según constató este martes un grupo de periodistas.

Los peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) trabajan en un vertedero profundo de basura situado a unos 10 kilómetros de Cocula en una zona de difícil acceso y a media hora de Iguala, en el sureño estado de Guerrero.

Se trata de una área de unos 40 metros cuadrados, la mitad de ellos con señales de haber sido quemada, y donde se pueden ver bolsas de basura, cajas de madera y restos de ropa y otros desechos.

En una rueda de prensa en Acapulco, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Jesús Murillo, dijo que todavía no se sabe si en la zona hay fosas con restos humanos. "Los peritos están determinando si lo son", afirmó.

"Tenemos declaraciones de que en ese lugar se concentraron los grupos que habían detenido a los estudiantes y que se tomaron acciones diversas", declaró sin precisar de qué tipo.

"No podemos hacer nada hasta tener evidencia clara de lo que sucedió allí", dijo el fiscal, quien añadió que el trabajo de los peritos es "muy especializado", se requieren análisis de laboratorios y tardan tiempo.

Una docena de peritos forenses han delimitado toda la zona con una cinta amarilla y marcado con pequeñas banderas naranjas algunos de los puntos del terreno.

La zona permanece fuertemente vigilada por las fuerzas federales de seguridad y es rastreada con la ayuda de perros.

La fiscalía llegó al lugar el lunes gracias a las declaraciones de cuatro miembros del cártel Guerreros Unidos que dijeron haber participado en la desaparición de los estudiantes.

Dos de los detenidos el lunes por agentes federales confesaron que recibieron a los jóvenes de policías y los otros dos admitieron haber participado como vigilantes del grupo criminal la noche de la desaparición de los jóvenes.

El 26 de septiembre pasado un grupo de policías locales atacó a tiros a alumnos de la Normal por órdenes del entonces alcalde del municipio de Iguala, José Luis Abarca, prófugo de la Justicia al igual que su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerada la principal activista de Guerreros Unidos en Iguala.

Esa noche murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes, y 43 más fueron detenidas por los policías y entregados a Guerreros Unidos, cuyo líder, Sidronio Casarrubias, ordenó su desaparición al creer que eran miembros de Los Rojos, el grupo criminal rival, según testigos.