La 'operación púnica' ha saltado de varios ayuntamientos madrileños a la propia Comunidad de Madrid. José Martínez Nicolás, Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones, ha sido detenido en el marco de esta trama, según han confirmado fuentes de la investigación. Su detención tuvo lugar este lunes, aunque se ha dado a conocer un día después.

Martínez Nicolás está actualmente al frente de esta agencia, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Ejecutivo, que dirige Salvador Victoria. Fue nombrado para este cargo en diciembre de 2007, y entre otras funciones de las que es responsable figura la "prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid, mediante medios propios o ajenos", según figura en su perfil publicado en la web de la Comunidad.

Antes de que se diera a conocer esta detención, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, recalcaba que los afectados tendrán que abandonar sus cargos institucionales y las corporaciones locales proceder a su sustitución.

En el marco de esta operación anticorrupción también ha sido imputado el interventor de la Diputación de León, Jesús López Sánchez, un día después de la detención del propio presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, que fue trasladado a Madrid para prestar declaración en la Audiencia Nacional.

López Sánchez presidió el club deportivo Ademar León y ha sido imputado en esta operación en su calidad de responsable de supervisar los contratos y adjudicaciones de la institución provincial, algunos de los cuales están ahora bajo sospecha. El propio imputado ha reconocido a Efe que un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregó este lunes una citación para que prestara declaración en la Audiencia Nacional y ha añadido que desconoce los contratos que se están investigando.

La 'operación Púnica', dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado de momento con la detención de 37 implicados y la imputación de otros 14, todos ellos ediles, funcionarios y empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos, acusados de cobrar y pagar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios.