La Fiscalía de Sevilla ha mantenido su petición de condenas de hasta dos años y medio de cárcel para los 13 integrantes de un 'piquete' que actuó en la huelga general de 2010 impidiendo supuestamente la entrada de profesores y alumnos a la Universidad de Sevilla, ubicada en la antigua fábrica de tabacos.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juicio quedó visto para sentencia este viernes y el Ministerio Público elevó a definitiva su petición para los imputados de un año de cárcel por un delito de desórdenes públicos, mientras que para cuatro de ellos pide también otro año y medio de prisión por un delito de atentado.

De su lado, algunas de las defensas han impugnado las documentales que consisten en fotogramas donde se identifican a los miembros del 'piquete', ya que dicha identificación "no se ha llevado con las más mínimas garantías, estando viciadas las mismas al inducir a los funcionarios".

Por parte de las defensas también se ha denunciado la existencia de "ficheros ideológicos de activistas" que posee supuestamente la Policía, y es que durante el juicio "no se ha podido contestar a cómo se llega a la filiación de una persona por una simple fotografía, sin tener antecedentes de cualquier tipo".

En relación al delito de desórdenes públicos, los letrados de las defensas han aludido a la declaración de un profesor universitario de Historia que ha declarado que "había la normalidad propia de una jornada de huelga" y que "pudieron entrar todos los trabajadores que conoce".

Asimismo, y en cuanto al delito de atentado, las defensas han alegado que "no han sido suficientemente demostrados ni individualizados los daños", mientras que la Policía, "al excederse en sus funciones y restringir el derecho de los piquetes a informar, se han desvestido de la condición de agentes de autoridad".

Derecho a huelga

Por último, han puesto de manifiesto que el derecho a huelga "está por encima del derecho al trabajo y que están permitidos ciertos 'excesos verbales'".

En la primera jornada del juicio, los 13 acusados negaron haber coaccionado, amenazado e impedido el acceso de profesores y alumnos a la universidad y también que actuaran contra los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que intervinieron.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita para todos los imputados un año de cárcel por un delito de desórdenes públicos y para cuatro de ellos, además, otro año y medio de prisión por un delito de atentado.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 9,00 horas del 29 de septiembre, cuando los 13 acusados, entre ellos un abogado sevillano, se concentraron en las distintas puertas de la Universidad de Sevilla "con la finalidad de increpar e impedir el libre acceso tanto a profesores como a alumnos".

Según el fiscal, en un primer momento intentaron colocar vallas en los accesos, produciéndose varios forcejeos con agentes de la Policía Nacional que intentaban evitarlo, todo ello mientras los acusados gritaban a todo aquel que pretendía entrar palabras como 'esquirol', 'fascista', 'hijo de puta' o 'cabrón de mierda'.

"agresividad" de los acusados

Los policías trasladados al lugar tuvieron que acompañar y proteger a las personas que pretendían acceder al interior del recinto universitario, "ya que peligraba su integridad física dada la agresividad de los acusados".

Al comprobar que los agentes impidieron que cerraran el último de los accesos, los imputados "aumentaron el grado de violencia", lanzando objetos a los policías.

De manera paralela, el acusado J.M.L. intentó golpear con el mástil de una bandera a uno de los agentes, sin lograrlo, mientras que el abogado L.M.S. "lanzó un objeto o golpe" a uno de los policías, algo que el letrado ha negado durante el juicio, la acusada M.R.P. empujó a varios agentes cuando intentaban detener a algunos de los participantes en los hechos, y A.A.C. "lanzó una patada" a otro policía que no le ocasionó lesión.

El fiscal dice que, si bien varios agentes resultaron lesionados y con daños en los uniformes, no ha sido posible determinar de forma concreta e individualizada qué persona fue la autora de dicho resultado.