La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado este viernes de que el Consejo de Ministros ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) los dos decretos del Ejecutivo de Canarias a través de los cuales se pretende celebrar una consulta en esa comunidad para saber si los ciudadanos aceptan o no las prospecciones de petróleo.  

Sáenz de Santamaría ha indicado en rueda de prensa que el Gobierno ya ha recibido el informe al respecto del Consejo de Estado, el cual apoya los recursos de inconstitucionalidad. Según ha explicado, las propuestas de impugnación se plantean con invocación del artículo 161.2 de la Constitución, que permite que se produzca la suspensión automática de los preceptos que se recurren desde el momento de la admisión por parte del TC, así como las actuaciones de preparación de la convocatoria.

El Gobierno solicitó informe urgente al Consejo de Estado el pasado día 10 de octubre y el órgano consultivo aprobó su dictamen este jueves. En concreto, le pidió opinión sobre un decreto del 25 de septiembre, que contiene el reglamento para celebrar consultas ciudadanas "en asuntos de interés general de competencia de las comunidades".

En cuanto al otro decreto, del 2 de octubre, pone fecha y contenido a la consulta sobre prospecciones, prevista para el 23 de noviembre y con la siguiente pregunta: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".

El Gobierno entiende que las calificadas como consultas ciudadanas mediante pregunta directa "constituyen materialmente un auténtico referéndum", al contemplar una consulta al cuerpo electoral "a través de un verdadero procedimiento electoral", e insiste en que la potestad de regulación y autorización de referendos corresponde "exclusivamente al Estado, de acuerdo con los artículos 23, 81, 92 y 149.1.32ª de la Constitución Española".

Por otra parte, en cuanto a la pregunta realizada, el Ejecutivo apunta que debe tenerse en cuenta que la competencia en materia energética corresponde al Estado en virtud de las reglas 13ª y 25ª del artículo 149.1 de la Constitución, "sin que la competencia de Canarias sobre régimen energético alcance el mar territorial". Cita en este punto una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013.

El Gobierno estaba pendiente del informe del Consejo de Estado sobre el recurso de inconstitucionalidad que recibió este jueves, después de que la Comisión Permanente de esta institución dictaminara favorablemente a favor de la impugnación de la consulta.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya avanzó que el Gobierno aprobaría la presentación del recurso si, como ha ocurrido, contaba este viernes con el dictamen del órgano consultivo. La impugnación acarrea la suspensión por un plazo de cinco meses de la consulta.

De hecho, el Gobierno de Canarias ha confiado en que el Constitucional avale la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas, ya que considera "es absolutamente legal y no contraviene ningún precepto" recogido en la Constitución Española. Así se ha mostrado el Ejecutivo autonómico, en un comunicado emitido tras el recurso anunciado por el Gobierno central.

De todos modos, el Gobierno de Canarias insiste en que tanto en el marco normativo de la consulta como en la pregunta directa que se formularía a la ciudadanía "son plenamente constitucionales", al entender que se enmarca en la Ley de Participación Ciudadana, que subrayó es "plenamente válida y eficaz y no ha sido cuestionada nunca" por el Ejecutivo central. Además, incide en que la consulta "tampoco supone un referéndum encubierto porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo", sino que los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencial.

Respecto a la pregunta que se pretende formular señalan que "ésta tampoco acusa visos de inconstitucionalidad" porque "no recaba la opinión" de la ciudadanía sobre las prospecciones autorizadas por el Estado sino que cuestiona sobre el modelo medioambiental y turístico de las islas, "competencias propias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Canarias". Es por ello que el Gobierno de Canarias considera que "Madrid ha tomado la decisión de que los canarios no puedan pronunciarse sobre este tema y ha buscado excusas que le den apariencia de legalidad, cuando la realidad es que es una decisión política de tintes autoritarios porque impide la participación democrática de los canarios".

"La decisión del Gobierno de España solo pretende acallar la voz de los canarios, demuestra un talante antidemocrático y no responde al interés general, sino al interés de una empresa privada", apuntilló.