El fallo de la Cámara Federal eliminó el último resabio de impunidad que disponían quienes actuaron en la cruenta dictadura que entre 1976 y 1983 hizo desaparecer a unas 30.000 personas, según las denuncias de organizaciones de derechos humanos.
En 2005 el Congreso había anulado las leyes de amnistía que protegieron a los mandos inferiores, decisión que luego refrendó la Suprema Corte de Justicia, abriendo la puerta para que se reabrieran las causas de la dictadura.
Videla, de 81 años, está detenido bajo un régimen de arresto domiciliario debido a su avanzada edad, acusado por crímenes contra la humanidad que son imprescriptibles, como el robo de bebés a los detenidos ilegalmente.
Ahora deberá terminar de cumplir la pena de reclusión perpetua que le fuera dictada en 1985, cuando Argentina juzgó y condenó a los jerarcas, pero que quedó trunca en 1990 cuando el ex presidente Carlos Menem los indultó.
Durante los siete oscuros años que duró la dictadura, el Estado secuestró, torturó, mató y sometió a miles de personas. Relatos de los supervivientes describieron el horror y el espanto de las prácticas aberrantes que usaron las fuerzas de seguridad en esos años.
Además de Massera, conocido como el 'Almirante Cero', y que fue declarado incapaz por la Justicia debido a sus problemas de salud, el fallo alcanza al ex presidente Eduardo Viola, a Orlando Lambruschini, de la Armada, y Armando Agosti, de la Fuerza Aérea, todos fallecidos.
'No puede haberse juzgado a genocidas con crímenes aberrantes en sus conciencias y luego haberlos perdonado como si nada y que volvieran a tener una vida natural', dijo Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, organismo de derechos humanos que busca personas desaparecidas.
Carlotto agregó en una entrevista con Radio del Plata que ahora espera que los militares cumplan sus condenas en prisiones comunes y no en sus domicilios particulares.
La decisión judicial fue consecuencia de una presentación de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos.*.

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