Responsables y políticos de la Unión Europea no han conseguido resolver importantes detalles del plan para reducir el coste de emitir y recibir llamadas en el extranjero (roaming) , dijo un eurodiputado.
Los representantes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y de los países de la Unión Europea - el Consejo Europeo - intentaron alcanzar un acuerdo sobre el precio máximo y si los consumidores debían ser conectados automáticamente a las nuevas tarifas.
La Comisión Europea ha prometido a los europeos que este verano estarán las nuevas tarifas, pero Comisión, Parlamento y Consejo, fuertemente presionados por un lado por la industria y por otro por los consumidores, están divididos con respecto a los detalles, mientras el tiempo se agota.
El Parlamento Europeo quiere lo que califica de leyes más amables con los consumidores, con máximos de 40 céntimos de euro por minuto por hacer llamadas en el extranjero y 15 céntimos por recibirlas que se aplicarían automáticamente a todo el mundo.
España se encuentra entre los tres países más caros de la UE en telefonía móvil. De hecho, las tarifas de los oepradores españoles son hasta un 21% superiores a la media europea.
La Comisión Europea apoya esta opción
Los Estados miembros proponen una opción más suave, recomendando unos límites de 60 y 30 céntimos de euro, respectivamente, que los consumidores deberían pedir por sí mismos, algo que según los críticos haría que sirviera de poco, ya que los usuarios podrían no ser concientes de las nuevas tarifas.
El Parlamento y los Estados miembros deberán llegar a un acuerdo si quieren promover un compromiso a tiempo para que las normas entren en vigor en verano.
Una fuente de la Unión Europea dijo que hay una posibilidad de acuerdo en los números, pero que el gran obstáculo es la cuestión de de cómo se ofrecerá la tarifa a los consumidores.
Los parlamentarios votarán la normativa en dos semanas, pero si no reflejan un posible compromiso con los Estados miembros, el texto tendrá que ir a un segundo voto parlamentario, lo que podría retrasar la normativa durante meses.
Las compañías de telefonía móvil se han opuesto a la normativa proyectada, diciendo que los límites demolerían las inversiones en infraestructuras y que los precios están bajando en cualquier caso.
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