El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (SAF) ha presentado este lunes una denuncia por presuntas prevaricación y malversación de fondos públicos contra 42 altos cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Los denunciados son viceconsejeros, directores generales, secretarios técnicos y directores de agencias públicas empresariales dependientes de las consejerías de Hacienda y Administración Pública, Presidencia, Administración Local, Economía, Educación, Fomento, Medio Ambiente y Agricultura. En concreto, 26 altos cargos y ex altos cargos de la Administración General de la Junta y 16 de entes dependientes de estos departamentos, que forman parte, según la organización, de la "Administración paralela".

El sindicato los hace responsables de haber otorgado a empresas públicas y privadas, así como a particulares, más de 950 millones de euros en ayudas y contratos desde que en 2011 entró en vigor la ley de reordenación del sector público andaluz, por la que se creaban diversas agencias públicas empresariales. Y todo "sin la fiscalización, ni el control" de personal funcionario, quienes por ley son los únicos que "tienen potestad" para desempeñar esos cometidos, según la organización.

El SAF se ha llevado tres años controlando las ayudas y contratos adjudicados por estos entes que se han ido publicando en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pero advierte, en la cifra que han ofrecido no se incluyen ayudas de 3.000 euros, puesto que esas no tienen por qué anunciarse en este boletín.

Para la dirección de la organización que representa a los funcionarios de la Junta, las agencias deberían tener adscritas a personal funcionario para desarrollar expedientes administrativos, labores de control de gasto, licitaciones o contrataciones. Sin embargo, apunta que hay siete agencias en las que "no consta" ninguna modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que haya permitido esa adscripción de personal.

Se trata de las agencias de Cooperación Internacional (en estos años ha otorgado 90 millones de euros en subvenciones y contratos), IDEA o de Innovación y Desarrollo (291 millones), la Andaluza de la Energía (93 millones), el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (350 millones), la Agencia Público de Puertos (20 millones), la de la Vivienda (24 millones) y la de Medio Ambiente (86 millones).

El SAF entiende que los acuerdos adoptados en estos entes en los últimos cuatro años podrían ser "nulos de pleno derecho". Además, mantiene que "ni aun dándole potestad a los altos cargos, estos podrían haber desempeñado esas labores si no eran funcionarios".

Por eso, reclama a la Justicia que "investigue" y pida responsabilidades judiciales si fuese necesario. Y asegura que "queremos que se desenmascare el entramado jurídico que la Junta tiene en estos entes instrumentales" y que "solo pedimos que se cumpla con la legalidad y eso le escuece a la Junta".

La organización, que señala que la Administración andaluza "no dialoga, ni habla", apunta que con esta son 150 las denuncias que ha presentado por presuntos incumplimientos de la legalidad contra el Ejecutivo andaluz.

"No podemos permitir que la ilegalidad esté siempre por delante de la legalidad", ha mantenido José Manuel Maestro, presidente del SAF.

El sindicato recuerda que hay unos 21.000 funcionarios en la Administración General de la Junta, además de unos 27.000 empleados laborales. Y que en los entes públicos de la "Administración paralela" se estima que existen otros 27.000 trabajadores laborales.

La Administración pública andaluza "está muy politizada", añade, ya que "hay entre 3.000 y 4.000 puestos de libre designación", según sus datos.