El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto una fianza pecuniaria de 16 millones de euros para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y otra de tres millones para el de Bankia Rodrigo Rato en relación con los gastos que los exconsejeros de estas entidades gastaron "de forma presuntamente ilícita" al hacer uso de sus 'tarjetas B', informaron fuentes jurídicas

El magistrado, que investiga las 'tarjetas B' en una pieza separada del 'caso Bankia', ha notificado un auto tras las declaraciones de los dos imputados en las que les da un plazo de tres días hábiles para abonar estas fianzas y les advierte de que, si no aseguran ante el juzgado bienes por esta cuantía, serán embargados.

Las fianzas, que han sido impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, principal accionista de Bankia, incluyen tanto la responsabilidad civil que Blesa y Rato tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las 'tarjetas B' como la multa del 25% que establece la ley.

Andreu cree que los expresidentes habrían "consentido, aceptado y propiciado" el uso indebido de fondos de la entidad mediante la atribución y uso en provecho propio de 'tarjetas B', que entregaron además a consejeros y directivos sin haber controlado la justificación de los gastos ni existir un sustento contractual para ello.

El instructor asegura que ambos presidentes utilizaron "en provecho propio" las tarjetas y las entregaron a miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, consejeros ejecutivos y directivos, lo que "supuso la percepción por parte de estas personas de cantidades en concepto distinto del retributivo".

El juez especifica en ambos autos que "no consta" que "los tenedores de esas tarjetas hayan declarado las sumas como percibidas en sus declaraciones correspondientes". Además, era un "gasto que, por otro lado, era contabilizado de forma encubierta para evitar el control de los auditores y de los órganos superiores".

Además, Andreu destaca que no había acuerdos o contratos que justificaran esas tarjetas "ni órdenaes o decisiones adoptadas por algún directivo en las que se encuentre soporte o sustento que justifique su existencia" y sin que hubiera "por parte del imputado control o supervisión alguna respecto a los gastos que el uso de dichas tarjetas de crédito generaron".

El auto señala que los delitos que se les imputan a Rato y Blesa se recogen en el Código Penal y que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido". Andreu adelanta que este no será un asunto que concluya pronto, ya que hay "la evidencia de que aún se está lejos de cerrar la instrucción" y que "la fase de juicio oral no se encuentra en absoluto cercana".

El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un informe y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Fernando Andreu, que asumió estos hechos al instruir el 'caso Bankia', preguntó al Banco de España si conocía la existencia de estas tarjetas y le pidió que, en el marco del informe pericial que está realizando sobre las prácticas en la entidad, analice si su uso puede constituir un delito de administración desleal.

Según fuentes jurídicas, los consejeros de Caja Madrid gastaron con sus tarjetas opacas durante el mandato de Miguel Blesa (de 1996 a enero 2010) un total de 12,5 millones, mientras que durante la presidencia de Rato en Caja Madrid y Bankia (entre enero de 2010 y mayo 2012) cargaron un total de 2,6 millones de euros.

El juez señala en su auto, según las citadas fuentes, que la conducta de los dos expresidentes podría tipificarse indiciariamente como un delito continuado de administración desleal sin perjuicio de que con posterioridad pudiera añadirse el de apropiación indebida.

El delito de administración desleal, según recuerda el magistrado en sus resoluciones, "sanciona a administradores de una sociedad que realicen conductas causantes de un perjuicio con abuso de las funciones propias de su cargo".

La petición del fiscal Alejandro Luzón acordada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 tiene el objetivo de que los dos exdirectivos aseguren la responsabilidad civil y la multa que se les pueda imponer en un juicio oral. No se trata, por tanto, de una medida cautelar para evitar su ingreso en prisión.