Pilar Sánchez, exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz), califica como "muy llamativa" e "inquietante" la sentencia que le condena a dos años de cárcel, nueve de inhabilitación y a una multa de 8,6 millones por el 'caso desvío de fondos'. Asimismo, considera que el fallo judicial, que ha confirmado que recurrirá, supone "un aldabonazo tremendo contra el sistema democrático y el sistema de derecho de este país".

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Sánchez ha señalado que "lo que cuenta es el final" y ha confiado en que su recurso se resuelva favorablemente, aunque apunta que "el daño me lo han hecho ya" y sigue "siendo juzgada".

Ha subrayado que la sentencia es "muy llamativa por muchas cosas", por ejemplo porque "en ningún momento" tiene en cuenta que "el real decreto del Plan E fue derogado en su cláusula de la cuenta restringida en el año 2012 por el Tribunal Constitucional (TC)", máxime "si todo el juicio se celebra en torno a una cuenta restringida para las obras del Plan E" —que utilizó para pagar nóminas a la plantilla municipal— y la sentencia "lo obvia", pese a que el argumento fue presentado por su abogado durante el procedimiento.

Asimismo, señala que el fallo "se remite a situaciones del antiguo Código Penal" y resalta como "lo más llamativo de todo" que se le reclamen 8,6 millones de multa, cuando, según recuerda, el tesorero y el interventor municipal declararon en el juzgado que "el Ayuntamiento no tiene quebranto económico. Las nóminas había que pagarlas y las obras se hicieron".

En este sentido, expone que cuando ella dejó la Alcaldía las obras del Plan E estaban "prácticamente en un 77 por ciento las que no estaban al 80 por ciento", cuestionado que le pongan una multa por esa cantidad.

"no hay principio de igualdad"

La exalcaldesa jerezana espera que el recurso pueda presentarse ante la Audiencia Provincial de Cádiz "lo antes posible" y pueda defenderse de lo que considera "una auténtica injusticia", fundamentalmente porque "no se está aplicando el principio de igualdad, un principio constitucional que debe estar presente en todas las sentencias de todos los juzgados".

En esta línea, asegura que la aplicación del principio de caja única "es una cosa que hicieron todos los alcaldes, y a la única que han juzgado es a mí".

Ha citado el caso del Ayuntamiento de Jaén, donde "también se ha utilizado este sistema" y había un caso "exactamente igual" cuya instrucción "se archivó". También ha aludido al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), donde "las obras ni siquiera se llegaron a hacer y el dinero se está devolviendo por la actual alcaldesa, pero ahí no hay sentencia, ni denuncia y no se ha personado ni el fiscal, ni el Estado", apostilla.

Por ello, incide en que la sentencia es "un aldabonazo tremendo contra el sistema democrático y el sistema de derecho de este país" y se ha preguntado "qué hay detrás de todo esto". Una cuestión sobre la que dice que no se pronunciará hasta que haya "una sentencia final" que espera que "sea justa".

RENUNCIA

En cuanto a su decisión de solicitar la baja de militancia en el PSOE y dimitir del cargo que venía desempeñando en la Junta de Andalucía como directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, ha explicado que responde a que entiende que "no tenía por qué manchar la imagen de la Junta ni de un proyecto político con una situación que se podía utilizar de forma clara por personas interesadas en hacerlo".

Añade que los que la conocen saben que no le gusta "hacer daño ni molestar" y no quiere que "se utilice" su nombre ni su trabajo para ello.

Dice que prefiere defenderse "tranquila", desde su puesto de trabajo como funcionaria, y que no quiere que "nadie piense" que se está "agarrando a una cuerda como sea" —en alusión al cargo directivo en la Junta—. Cuando el proceso judicial termine "ya veremos qué pasa", ha matizado.