Tras cerca de 11 años de investigación, Reynaldo Bignone, último dictador de un gobierno de facto acusado de la desaparición de entre 11.000 y 30.000 personas, se convertirá en el ex responsable de mayor rango del Gobierno de facto en tener que rendir cuentas públicas a la Justicia desde 1985.
Junto a Bignone se sentarán ante el tribunal, que aún no tiene fecha definida, otras figuras de peso de la dictadura como el ex jefe del ejército Cristino Nicolaides, el ex jefe de la Armada Rubén Franco y el marino Jorge 'Tigre' Acosta, entre otros. Todos tienen un dictamen de prisión preventiva.
La acusación es por 'sustracción, retención y ocultación de menores y sustitución de identidad' en una veintena de casos, según el escrito del juez federal Guillermo Montenegro al que accedió Reuters.
Miles de personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por militares que utilizaron el aparato estatal para hacerlo y que luego llegaron a apropiarse de niños nacidos en cautiverio en centros ilegales de detención.
Diversos testimonios de supervivientes dan cuenta que fueron arrebatados a sus madres para luego ser entregados a personas ligadas a las fuerzas de seguridad, que ocultaron su verdadera identidad.
El sombrío máximo exponente de esa práctica fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en pleno centro de Buenos Aires, que hoy está en vías de convertirse en un museo.
'En la ESMA dieron a luz no sólo mujeres que se encontraban en sus instalaciones ilegalmente privadas de su libertad, sino también personas que fueron exclusivamente llevadas allí desde otros centros de detención', señaló el fallo.
Los casos de robos de bebés fueron denunciados por la organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, responsables por la recuperación de la identidad de decenas de jóvenes que habían sido sustraídos al nacer.
Los ex represores 'formaron parte de una maniobra criminal cuidadosamente diseñada y, en virtud de la cual, aún se encuentran desaparecidas, al menos, alrededor de doscientas personas', señaló el fallo.
El año pasado, Bignone dijo que la apropiación ilegal de niños nacidos en cautiverio era 'un invento'.
La cúpula de las fuerzas armadas responsable de los crímenes contra la humanidad que oscurecieron a Argentina en los años 1970 y 1980 fueron juzgados y condenados en 1985.
Pero posteriormente fueron beneficiados con indultos presidenciales, que no les evitó tener que seguir enfrentándose a imputaciones de la Justicia, ya que el robo de bebés es un delito imprescriptible en el país.*.
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