Desde su aprobación a finales de 2012, las tasas judiciales han supuesto una recaudación total para las arcas públicas de más de 541 millones de euros. En el ejercicio 2013, las administraciones central y autonómica (ambas ingresan por este concepto) consiguieron unos 316,5 mill0nes de euros, una cifra por encima del objetivo anual de 300 millones marcado en su momento por el entonces ministro, Alberto Ruíz Gallardón. En los primeros nueve meses del presente año, por su parte, la cifra recaudada alcanza los 225 millones, según los últimos datos oficiales a los que ha tenido acceso 20minutos.

Este tributo añadido que recae sobre los ciudadanos de clase media afecta, según datos del propio ministerio, al 17% del total de 8,3 millones de asuntos judiciales que se gestionan en España cada año, si bien la oposición asegura que el porcentaje es mucho mayor. Las tasas se aplican al acudir a las jurisdicciones civil y administrativa, así como en sus distintos recursos, casaciones, etc. El desembolso medio oscila entre los 300 por una denuncia y los 800 euros por un recurso.

A pesar de su, en teoría, limitado alcance, ya ha supuesto la exclusión de la llamada tutela judicial efectiva para miles de personas, tal como denuncian distintos colectivos jurídicos, y tal y como documentó este diario con testimonios personales. En el primer año de vigencia efectiva (2013) motivó una reducción de la litigiosidad del 3,8% respecto al año anterior, con caídas especialmente pronunciadas en los ámbitos civil (-9,2%) y administrativo (-15,5%).

El de las tasas judiciales —medida que recibió desde su anteproyecto el reproche tanto de la oposición como de la mayoría de los distintos colectivos jurídicos— fue uno de los puntos negros a los que tuvo que enfrentarse este miércoles el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su estreno en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Y es que el resto de formaciones políticas le reclamaron la derogación de las mismas.

A inicios de octubre, durante la primera comparecencia parlamentaria del nuevo ministro, el diputado del PNV, Emilio Olabarría, acusó al Gobierno de "fraude" al llevar a cabo la legislación de tasas judiciales, ya que "a pesar de que la finalidad de la ley pretendidamente era financiar este servicio, ni un solo euro de las tasas recaudadas ha llegado a la financiación del servicio de la justicia gratuita y el turno de oficio", tal como consta en el Diario de Sesiones.

Catalá reconoció que el sistema de tasas "ha generado un cierto rechazo entre los operadores jurídicos y los grupos parlamentarios", y si bien no entró a valorar una posible derogación de las mismas, sí que se comprometió a "revisar el sistema" una vez que se analice el impacto de la medida con todos los datos sobre la mesa. "Si llegamos a la conclusión de que se limita el acceso a la tutela judicial efectiva, se cambiará", aseguró. El nuevo titular de la cartera de Justicia se mostró escéptico con la idea de que las tasas sean la única causa que explique la caída de la litigiosidad. En su opinión, puede haber otras razones que expliquen este menor número de causas judiciales: "Puede deberse a la crisis, a la imposición de costas...", explicó.

Más allá de las tasas judiciales, el ministro Catalá aprovechó su comparecencia en Comisión para enumerar todos sus proyectos de legislatura. Entre otras medidas, propuso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita agilizar los procesos relacionados con delitos de conductores embriagados (suponen la mitad de los casos y un considerable atasco para la administración de justicia), así como una reforma que agilice y reduzca los plazos en los llamados macroprocesos, aquellas causas judiciales que por su complejidad se dilatan durante años (caso Bankia, la Gürtel, Forum-Afinsa...).

También se comprometió el nuevo titular de Justicia a estudiar una hipotética reforma o incluso la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Esta regulación, motivo de polémica para partidos de izquierda —que ya impulsaron una proposición de ley para eliminarlo— y sindicatos, impone penas de prisión para aquellos huelguistas y manifestantes que "coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". Este articulado ha supuesto penas de prisión para numerosos representantes de los trabajadores por su participación en piquetes.