Dos años y medio después de que el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, en abril de 2012 decidiera el fin de un servicio público "esencial" para uno de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (Soajp) "sigue sin ser reinstaurado" en la comunidad, pese "a haberlo anunciado públicamente en varias ocasiones", critica la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que pide al consejero que "no dilate más la suspensión" del mismo.

"Hoy ha afirmando en sede parlamentaria que lo que le pide el Parlamento es cuasi malversar causales públicos para reinstaurar el servicio", señalan en un comunicado desde la Apdha que apunta que el consejero ha reiterado que era una cuestión de legalidad un Convenio Tripartito con los abogados y con el Ministerio del Interior, y lamenta que "de ser ello así, debería haber puesto en conocimiento de los Tribunales su omisión por el Gobierno socialista entre los años 2001 y 2008, para depurar eventuales responsabilidades penales". En este sentido, indica que "ha omitido pronunciarse si por tanto era constitutivo de delito lo que hicieron sus predecesores tal y como ha insinuado en el Parlamento".

"Es necesario recordar —continúa la Apdha— que ningún otro servicio del estado español, cuenta con el citado convenio Tripartito", toda vez que recuerda que el Parlamento andaluz "ha aprobado cuatro mandatos exigiendo la reinstauración del Soajp sin la firma del Ministerio del Interior" y se preguntan "si todos se equivocan o lo hace el consejero".

Además, indica que De Llera "ha mantenido y sigue manteniendo que no se trataba de una cuestión de recorte presupuestario con los más desfavorecidos" Pero frente a ello, prosigue, "nos encontramos que se ha ahorrado un millón de euros y que reducirá un 66% el coste del servicio en el futuro, no garantizando la mínima calidad exigible en el servicio. Los 396.000 euros anuales para la atención de las 13.000 personas presas se verán reducidos a una cantidad que parece que no llegará a la mitad. Inicialmente se han presupuestado 130.000 euros".

Asismismo, "se reducirá tanto el número de letrados como el importe de las asistencias", lamentan desde la Apdha, que explica que entes asistía de media un abogado diario en la mayoría de las provincias, y ahora se reducirán a la mitad, "lo que determinará a buen seguro que el tiempo de que dispondrán los abogados para cada uno de los presos será insignificante", con lo que "la calidad se reducirá necesariamente". A su vez, critica que "se abonará por asistencia la mitad de lo que se abonaba antes de su suspensión".

Según la Apdha, el consejero también ha afirmado que el convenio ha sido aprobado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), "si bien éstos han señalado que están a la espera del contenido definitivo, ya que a pesar de dar el visto bueno para desbloquear la paralización hicieron constar en el acta su disconformidad"

Ante toda esta situación, la Apdha señala que "seguirá exigiendo que se cumplan los mandatos parlamentarios de manera inmediata y no dilate más la suspensión del derecho de defensa de las personas más vulnerables en Andalucía".