La Diputación Provincial de Cádiz ha celebrado este miércoles un Pleno ordinario en el que "gran parte" de los puntos del orden del día se han aprobado por unanimidad. Entre ellos, cabe destacar la petición al Gobierno central y a la Junta de un plan de empleo para trabajadores agrarios con atención especial para la mujer.

Según ha detallado la Diputación en un comunicado, la iniciativa —conformada a partir de dos propuestas de PP e IU— pide a las administraciones superiores la creación de un plan con "medidas específicas de empleo" de alcance regional y con una dotación de 147,7 millones de euros. La cifra, según ha explicado el diputado popular Eduardo Párraga, coincide con la aportación estatal consignada para Andalucía para el ejercicio 2013.

En la iniciativa, respaldada por todos las formaciones políticas presentes (PP, PSOE e IU), se aboga por "articular un plan específico para contratar prioritariamente a las personas inscritas en el Régimen Agrario" en la materialización de obras a infraestructuras públicas.

La propuesta también contempla la reclamación de un plan de empleo para la mujer rural; la eliminación de un número determinado de peonadas como requisito para acceder al subsidio agrario, con efectos desde el año 2012 hasta 2014; así como el desarrollo de programas de formación profesional en zonas rurales.

Por otra parte, la Diputación instará a la Junta a que concrete un calendario de pagos con los centros de formación de la provincia. A estas entidades, que ascienden a casi 300 en Cádiz, se les adeudan más de seis millones de euros por subvenciones impagadas. Esta reclamación ha sido respaldada por unanimidad.

La Junta es también el destino de otra propuesta aprobada por unanimidad y referida a la "limpieza, poda y desbroce de los márgenes del cauce del río Guadarranque" a su paso por la Estación de San Roque. La necesidad de encauzamiento de este curso fluvial y su falta de limpieza provocan frecuentes inundaciones en este enclave durante la época de lluvias.

Las aletas y la cabezuela

Dos expectativas de "indudable interés económico" para la Bahía de Cádiz, y que acumulan "evidentes retrasos en su ejecución", han motivado otras dos aprobaciones por unanimidad. Se trata de la conexión ferroviaria con la dársena de La Cabezuela y el desarrollo de Las Aletas. En referencia a La Cabezuela, y conforme a una propuesta de IU, se solicita al Ministerio de Fomento la inclusión de fondos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para reanudar las obras.

Por su parte, el PP ha logrado que prospere su iniciativa sobre Las Aletas que implica instar a la Junta de Andalucía a que nombre a sus representantes en el Consejo Rector y que abone los 84,6 millones de euros que tiene comprometidos.

También por unanimidad, el Pleno ha aprobado una iniciativa del PP encaminada a reclamar a la Junta la finalización de las obras en la carretera A-2003 que comunica Jerez con La Barca, paralizada desde hace un año. Al respecto, se solicita la inclusión de los créditos necesarios en los presupuestos autonómicos de 2013.

De igual manera, la Diputación pedirá a la Junta que invierta en la provincia las partidas previstas para infraestructuras de depuración y saneamiento, a tenor de la "escasa ejecución" de los programas concebidos tras la entrada en vigor de la Ley de Aguas.

Incorporación y despedida

En el Pleno de octubre se ha producido la toma de posesión de Carmen Gloria Jiménez Guerrero como nueva diputada provincial adscrita al grupo socialista. La Corporación también ha conocido la renuncia del vicepresidente tercero de la Diputación, Alejandro Sánchez, tras su nombramiento como jefe de gabinete del Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Por otra parte, en aplicación de normativa estatal, el Pleno ha aprobado la declaración de "no disponibilidad de créditos" referidos a la supresión de la paga extraordinaria de diciembre para el personal de Diputación. En consonancia, todos los grupos políticos han aprobado la supresión de dicha paga para los diputados provinciales.

Críticas del psoe

Paralelamente, el Grupo Socialista lamenta en un comunicado que el PP haya "impedido" con sus votos que salga adelante una propuesta para poner en marcha un fondo económico para atender a las familias en situación de padecer el desahucio de su vivienda habitual.

La propuesta planteaba la necesidad de impulsar ese fondo, que debía regularse en virtud de convenios entre la Diputación y los municipios de menos de 5.000 habitantes —a los que se limitaba su ámbito de aplicación— y que habría de articulase en forma de ayudas reintegrables para las familias amenazadas de desahucio, de manera que estas pudieran abonar a las entidades financieras que impulsan el lanzamiento las cantidades necesarias para evitar el desalojo de estos inmuebles.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Diego Sánchez Rull, ha sido el encargado de defender esta propuesta, que se ha visto "truncada" por los votos negativos del PP. A lo largo de su intervención, Sánchez Rull ha destacado el "grave impacto social" que se está derivando de la crisis, de manera que 1.053 familias han sido desahuciadas en lo que va de año en la provincia.