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La oposición firma un manifiesto a favor de medidas contra la "discriminación social y laboral" de los enfermos mentales

PSdeG, AGE y BNG piden que no se criminalice a este colectivo en el código penal

Los grupos del PSdeG, AGE y BNG del Parlamento de Galicia han suscrito una declaración impulsada por el 'Movemento Galego da Saúde Mental' por la que instan a las instituciones públicas a impulsar actuaciones destinadas a acabar con la "discriminación social y laboral" de este colectivo, que recuerdan el Día de la Salud Mental bajo el lema 'Viviendo con la esquizofrenia'.

El manifiesto ha sido presentado este viernes por integrantes de este movimiento —entre los que se encuentran sindicatos, fiscales, psicólogos y educadores sociales— junto a las portavoces del área de salud de los grupos de la oposición, Carmen Acuña (PSdeG), Eva Solla (AGE) y Monste Prado (BNG). Mantuvieron un encuentro con el popular Miguel Santalices, según dijeron, pero "no fue posible un acuerdo de mínimos" para impulsar una declaración conjunta de la Cámara.

Durante la rueda de prensa, el portavoz de esta asociación, Miguel Anxo García, ha explicado que el trastorno mental afecta a unos 75.000 gallegos, de los cuales, buena parte padecen esquizofrenia. La esperanza de vida es de 20 años inferior a la población en general, la tasa de suicidios entre el colectivo es la más alta, tienen siete veces más riesgo de sufrir desempleo, y los índices más altos de exclusión social.

Además, de ese colectivo, 8.500 personas tienen una "gran afectación" y situación de "pobreza", y la inserción laboral apenas alcanza el 5 por ciento.

Si antes de la crisis había problemas para este colectivo, advirtieron, Miguel Anxo García ha explicado que ahora es una "situación extrema", por los "recortes" presupuestarios que han incidido especialmente en las partidas para salud mental.

Por ello, ha demandado una estrategia de salud mental con un "esfuerzo prioritario" en "más dotaciones, más recursos, apoyo económico, una política de familia y un apoyo a las familias".

Contra el "estigma"

Para el 'Movemento Galego da Saúde Mental', es también necesario el "compromiso real" de todos "contra el estigma que sufren las personas afectadas por trastornos psíquicos", lo que debe conllevar una "discriminación positiva y un reflejo en las inversiones para facilitarlo", como recoge el manifiesto.

Reclama "poner equitativamente al alcance de todo aquel que lo precise" los tratamientos psicológicos y médicos, y las intervenciones sociales, que, según recogen, "han demostrado la eficacia para mejorar el daño causado por la enfermedad mental en el conocimiento de que, con asistencia apropiada, actitudes solidarias y apoyos adecuados, una buena parte de los enfermos podrán desarrollar una vida en condiciones de salud, normalidad e integración social".

Este colectivo también pone deberes a la Xunta, a la que le piden que "aumente su esfuerzo, sensibilidad y compromiso con la atención a la salud mental", y en particular, con el colectivo de personas afectadas por un trastorno mental grave.

Las acciones del gobierno deberían seguir las orientaciones de una atención a la salud "prioritaria" para las políticas sanitarias públicas, mediante el "diseño, promulgación y aplicación de estrategias y planes específicos". Estos tendrán en cuenta el "riesgo agravado para la salud mental del contexto actual de la crisis socioeconómica", con la elaboración de un plan estratégico de salud mental.

Además, reclaman un "refuerzo" de la atención sanitaria a las personas con trastorno mental grave, mediante las dotaciones profesionales y materiales suficientes, una organización de los recursos "adecuada", y la oferta de programas asistenciales "específicos y eficaces". En particular, fijan el ámbito de la atención comunitaria y el de la rehabilitación psicosocial.

También apuestan por potenciar medidas de protección social a las personas afectadas por trastorno mental grave y a sus familias, con el cumplimiento de la Ley de la Dependencia; desarrollar políticas activas de empleo, dirigidas a promover la incorporación y sostenimiento en la actividad laboral normalizada de las personas con trastorno mental grave; e "impedir la promulgación de cualquier medida que actúe incrementando el estigma o diferenciando negativamente a las personas con trastorno mental grave, singularmente las actuales propuesta de reforma del código penal".

"la solución no está en el código penal"

"La lucha (contra estas enfermedades) no se soluciona con el código penal", ha asegurado la diputada del BNG Montse Prado, secundando lo antes manifestado por la parlamentaria de AGE Eva Solla, quien recriminó que se promuevan medidas "de prevención a personas que no cometieron ningún delito", ya que se incluye el concepto de "peligrosidad".

Por su parte, la socialista Carmen Acuña ha reconocido que la salud mental es una "asignatura pendiente" que ya se arrastraba de anteriores gobiernos, pero que con la crisis "está aún peor". Además, también ha señalado que la "solución no está en el código penal ni en las familias", sino en las actuaciones públicas.

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