En el concurso público que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid para la fabricación, instalación y mantenimiento de las 4.250 nuevas marquesinas de la EMT sólo hubo una candidatura.

La UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Cemusa y JCDecaux compitió en solitario por un contrato en el que ha obtenido la explotación de los paneles publicitarios los próximos 13 años y medio (prorrogable dos veces a razón de tres años más).

A cambio, la Empresa Municipal de Transportes (EMT), a la que el Consistorio cedió la competencia de adjudicación del contrato para intentar paliar la deuda que arrastra (22 millones de euros), recibirá más de 160 millones de euros.

La ausencia de aspirantes tiene una clara explicación: los duros requisitos de solvencia que exigía el Ayuntamiento que tuviese la empresa ganadora limitaron la concurrencia de varias compañías y propiciaron que la alianza de Cemusa, anterior adjudicataria, y JCDecaux fuera la que finalmente ganase el concurso, denuncia UPyD. Este partido ha pedido explicaciones sobre el contrato de las marquesinas una vez en el pleno del Ayuntamiento y dos en la Comisión de Hacienda.

Según figura en el pliego de condiciones, se exigía a la empresa concesionaria del contrato una facturación de 45 millones de euros —podía sumar los tres últimos ejercicios— y haber realizado al menos tres servicios similares en al menos tres ciudades de más de 700.000 habitantes.

"En España, sólo hay cuatro ciudades que alcanzan esa población (Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia) y Cemusa es la empresa que presta el servicio en ellas", señala el partido de la oposición. Además, se establecía solo un periodo de seis meses para la instalación de todas las marquesinas. Este plazo, que finaliza el 12 de octubre, añadía aún más dificultad a la operación. De hecho, la UTE concesionaria del contrato incumplirá previsiblemente este plazo, ya que aún hay cientos de marquesinas antiguas pendientes del cambio. "No vamos a decir nada sobre si se cumplirá el plazo o no", dicen desde Cemusa.

Empresas del sector de la publicidad exterior consultadas por 20minutos coinciden en que para ellas "no fue viable la presentación de una oferta de acuerdo con las condiciones y diseño de dicha licitación", por lo que finalmente solo se presentó la UTE Cemusa-JCDecaux.

"El Ayuntamiento no ha defendido bien los intereses de los madrileños en este contrato: se ha limitado mucho la concurrencia, y la consecuencia es que las condiciones económicas no son las mejores: es decir, ingresamos menos dinero del que podríamos ingresar", critica David Ortega, portavoz municipal de UPyD.

Desde la formación magenta opinan que la falta de concurrencia no es el único problema de este contrato: "Está planteado como una forma de rescate de la EMT sin afrontar el verdadero problema de esta empresa, que es su mala gestión, que se demuestra, por ejemplo, en el aumento de la masa salarial de sus directivos mientras que se reduce un servicio público esencial para la ciudad de Madrid".

Este diario ha preguntado al Ayuntamiento cuáles han sido los motivos por los que se impusieron en el pliego de condiciones unos requisitos de solvencia tan exigentes. "La solvencia tiene que ser proporcional al volumen económico y de gestión del contrato", se ha limitado a contestar el Consistorio.

Se da la circunstancia de que Cemusa, filial de publicidad exterior de FCC, fue vendida el pasado mes de marzo a JCDecaux por 80 millones de euros, según informó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque la operación está aún supeditada al visto bueno definitivo de la Comisión Nacional de la Competencia.

Las falta de competencia en la adjudicación del contrato no es la única polémica que ha rodeado a las nuevas marquesinas. La estructura del banco tiene un separador que hace pensar que se ha diseñado para que nadie pueda tumbarse. En las redes sociales se le ha bautizado como el separador antimendigos.

Desde la empresa concesionaria aseguraron que el diseño se ha realizado "en base al pliego de condiciones", pero dicho documento no especifica que el banco deba llevar ningún tipo de separador. Sí indica el pliego que cada empresa que optase al contrato debía presentar cinco modelos de bancos y que la decisión final sería del Ayuntamiento.