UPyD presentará este miércoles una querella ante el Tribunal Supremo (TS) contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y contra la presidenta del Parlamento catalán, Nuria de Gispert, por prevaricación y desobediencia.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, la portavoz del partido magenta, Rosa Díez, justificó el martes la querella en la decisión de los responsables catalanes de nombrar —primero en el Parlamento y luego con un decreto firmado por Mas— a la comisión de control, equivalente a la Junta Electoral, para la consulta soberanista del 9N, a pesar de que tanto la convocatoria como la ley en la que se basa están suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Según Díez, con esta querella UPyD no pretende "perseguir a Mas por incumplir la ley, que ya sería una obligación", sino "defender a los ciudadanos", porque considera que la ley está para protegerlos y darles seguridad, y los partidos políticos deben ser instrumentos "de interés público".

Sin embargo, evitó criticar al Gobierno por no haber actuado de manera idéntica: "El Gobierno está haciendo su trabajo y a lo mejor si yo estuviera en el Gobierno haría otras cosas o no haría estas".

A su juicio, aunque está claro que no habrá consulta independentista el 9 de noviembre, "muchas cosas importantes de quiebra de la convivencia ya se han producido" y a ello se suma que habrá una "frustración generalizada" de los ciudadanos "a los que están engañando y diciendo que esa consulta se va a celebrar".

Por eso, pidió a todo el mundo "trabajar con inteligencia y altura de miras" para cerrar las brechas, pero muy especialmente a los responsables catalanes que "han provocado la frustración, ir contra la democracia y proclamar extranjeros a sus ciudadanos".

Andrés Herzog, responsable de Regeneración Democrática y abogado de UPyD, que junto a Ramón Marcos, responsable de Instituciones de la formación, han presentado este miércoles en el Tribunal Supremo una querella contra el presidente de la Generalitat, han indicado que la querella pretende "defender a los catalanes" de sus dirigentes, que están "enloquecidos".

UPyD considera asimismo que la causa es competencia del Supremo porque afecta a la soberanía nacional y a todo su territorio. "La presentamos para defender los derechos de los catalanes ante sus propios dirigentes, porque hay unos dirigentes que están enloquecidos, que se han apropiado directamente de las instituciones y han acabado con la democracia", ha afirmado Herzog. Ha insistido en que su principal interés es "proteger a los catalanes y por extensión al resto de españoles".

El letrado considera que la competencia de este asunto es del Supremo porque "es evidente que los hechos superan lo que es el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña e inciden en España", según Herzog, que ha calificado las actuaciones del Govern y del Parlament de "ataque a la soberanía nacional, que reside en todos los ciudadanos, y de la que se ha apropiado una élite de dirigentes.

Por su parte, Ciutadans (C's) presentó el martes un escrito ante la Delegación del Gobierno en Cataluña para que el Ejecutivo central suspenda la campaña a favor de la consulta soberanista que impulsan la Asamblea Nacional Catalana y Òminum, y otro en el que denuncia una posible "vulneración" de los derechos fundamentales.

La portavoz de C's en el Parlament catalán, Carina Mejías, y la portavoz adjunta, Inés Arrimadas, fueron las encargadas de presentar sendos escritos, uno dirigido al Ejecutivo de Mariano Rajoy, concretamente, al Ministerio de Presidencia, por "incumplimiento" de la suspensión de la consulta decretada por el Constitucional, y otro a la Agencia de Protección de Datos, por "vulneración" de derechos fundamentales.

Con el primero de los escritos, C's insta al Gobierno a tomar las medidas legales o administrativas "oportunas" para suspender la campaña Ara és l'hora (ahora es la hora) que llevan a cabo estas dos entidades sociales y en la que participan partidos como CDC o ERC. Consideran que "incumple claramente" la suspensión cautelar dictada por el Alto Tribunal "incitando" al voto en la consulta soberanista "ilegal" del 9 de noviembre.

En cuanto al segundo de los escritos, está dirigido a la Agencia de Protección de Datos, C's denuncia la "vulneración" de los derechos fundamentales de las personas mediante una encuesta con la que las dos entidades recaban datos para "crear un fichero ideológico" sobre la afinidad o no a la independencia. "Consideramos que esta campaña intimidatoria invade la esfera de la intimidad de las personas y vulnera clarísimamente la Ley de Protección de Datos", dijo Mejías.

Precisamente, este martes trascendió que la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, ha enviado una carta a los secretarios e interventores de los ayuntamientos catalanes, consejos comarcales y diputaciones para recordarles que la suspensión de la ley de consultas y del decreto de convocatoria del 9-N por parte del TC "impide" realizar cualquier "acción de preparación" de la consulta. Por eso, insta a los funcionarios a cumplir las resoluciones judiciales y les reclama "respeto" al ordenamiento jurídico. La misiva llega cuando los consistorios están acabando de nombrar los coordinadores municipales de la consulta y la designación de los colegios electorales.