El Gobierno vasco garantizará a todos los ciudadanos un piso en alquiler

  • Según el borrador de la nueva Ley de Vivienda a la que ha tenido acceso El Correo Digital.
  • Los ciudadanos podrán acceder a un piso de alquiler por un precio que nunca superará el 30 % de sus ingresos.
  • El Gobierno vasco pagará la diferencia entre esa cantidad y el precio de mercado, dentro de unos límites, si es necesario.
  • Quienes no tengan una vivienda de esas características antes del 1 de enero de 2012 podrán reclamar ante los tribunales.
En el borrador de Ley de Vivienda que está elaborando la consejería del Gobierno vasco se establece que todos los ciudadanos tendrán garantizado un piso de alquiler que les cueste como máximo el 30 % de sus ingresos, según anunció este domingo El Correo Digital.

El texto, elaborado por la consejería de Javier Madrazo, será remitido al Parlamento de Vitoria durante este año y convierte la vivienda en un derecho que podrá reclamarse en los tribunales desde el 1 de enero de 2012.

A partir de esa fecha, informa el diario, todos los que todavían no tengan un piso de alquiler protegido recibirán una ayuda de forma que puedan buscarlo en el mercado libre si necesidad de invertir en él más del 30 % de ingresos.

Ya tienen un programa similar

El Departamento de Vivienda fijará la cuantía de la ayuda en función de los límites establecidos en el programa Bizigune del Gobierno vasco, que capta viviendas vacías para el alquiler protegido desde 2003.

La consejería de Vivienda está pagando a los dueños de los inmuebles desocupados un máximo de 660 euros y sólo acepta pisos que no superen los 90 metros cuadrados.

Luego alquila esos pisos a las personas inscritas en Etxebide que se interesan por ellos y les cobra una renta que nunca supera un tercio de lo que ganan.

Por regla general, cada uno de los 3.000 alquileres que existen bajo esa modalidad le cuesta al Ejecutivo autónomo 3.600 euros anuales.

Para poder acceder a un piso una vez que se apruebe la ley los arrendatarios deberán acreditar unos ingresos de 3.000 a 43.000 euros anuales.

La ubicación de las viviendas se concretará por medio de un reglamento que se elaborará cuando el Parlamento haya aprobado la Ley de Vivienda.

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