Se trata de los primeros anuncios de este tipo desde que la UE acordó que los países informen a sus socios comunitarios sobre este tipo de decisiones tras la regularización de casi 700.000 inmigrantes ilegales que hizo España en 2005.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, recalcó que España dio su "comprensión y respeto" a pesar de que otros países de la UE no tuvieron esa reacción en 2005.

Para Rumí, los anuncios de Berlín y La Haya ponen "las cosas en su sitio y dejan en evidencia algunas críticas falaces e infundadas" recibidas por el Gobierno español en 2005, en su mayoría internas pero también de otros Ejecutivos de la UE, entre ellas la de Alemania.

La regularización española y otra hecha por Italia posteriormente fueron muy criticadas por algunos Gobiernos comunitarios, especialmente por el entonces ministro francés del Interior y actual candidato a la Presidencia, Nicolás Sarkozy.

El ministro alemán del Interior, Wolfgag Schäuble, comunicó al Consejo de Ministros comunitario de Justicia e Interior una decisión del Gobierno de Berlín de febrero pasado para regularizar a una serie de extranjeros considerados "semilegales".

Se trata de personas que solicitaron asilo político y les fue rechazado, pero a los que no se puede expulsar a sus países por motivos de conflicto o de graves dificultades económicas (destacan por su origen los kurdos de Turquía o los balcánicos, especialmente serbios y bosnios), explicaron fuentes alemanas.

Actualmente, en Alemania hay 175.000 personas con este estatus, y el proceso de regularización beneficiará a entre 60.000 y 80.000 que cumplen las dos condiciones fijadas: tener un empleo legal o conseguirlo antes de finales de 2009, y residir en el país al menos ocho años (seis en el caso de las familias con niños).

En cuanto a Holanda, su regularización afectará a unas 25.000 personas que llevan más de cinco años en el país intentando quedarse pero han agotado ya las posibilidades legales y tampoco pueden ser expulsadas.

Esta regularización era una de las condiciones del partido laborista (PvdA) para entrar en la coalición de gobierno con los democristianos tras las elecciones legislativas de noviembre pasado.