'Con este Real Decreto, la Ley de Dependencia se pone definitivamente en marcha y esa es una magnífica noticia para más del millón de personas dependientes que hay en España', declaró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al término del Consejo de Ministros.
La ley es una de las normas estrellas de esta legislatura y el Ejecutivo la ha definido como una legislación pionera que se convierte en el cuarto pilar del Estado del bienestar, tras la salud, la educación y las pensiones.
La norma pretende garantizar la prestación de servicios y la atención económica a las familias que cuidan de personas mayores, enfermas o discapacitadas.
El baremo incluye diferentes tipos de discapacidad - física, psíquica o intelectual - e identifica el nivel y problemas de desempeño que pueden tener estas personas en su vida diaria.
El ciudadano que desee una evaluación deberá acudir a los servicios sociales de su comunidad autónoma, donde recibirá una valoración de hasta 100 puntos que definirá su dependencia como moderada (25-49 puntos), severa (50-74) y gran dependencia (75-100). Además, cada grado tiene dos niveles.
La Ley de Dependencia, para la que el Gobierno destinará cerca de 13.000 millones de euros, se centrará en un principio en cubrir las necesidades de los grandes dependientes.
'El Gobierno quiere que los criterios sean muy concretos y su formulación sea de fácil comprensión', explicó De la Vega, que añadió que dentro de un año se realizará una revisión al baremo aprobado.
La atención a los dependientes se realiza en el ámbito familiar y recae especialmente en las mujeres que no pueden llevar a cabo actividad laboral alguna. De hecho, y según datos del Libro Blanco de la Dependencia, sólo uno de cada cinco familiares cuidadores tiene un empleo.
El Real Decreto aprobado el viernes incluye también el instrumento de valoración específico para los menores de tres años.
/Por Blanca Rodríguez/
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