Las personas sin recursos se ven obligadas a realizar verdaderos malabarismos para satisfacer sus necesidades básicas en la Comunidad de Madrid. El importe de la Renta Mínima de Inserción (RMI) que otorga el Gobierno regional es uno de los más bajos de España y el agravio comparativo respecto a otros territorios nacionales sonroja: es hasta un 70% inferior.

Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la renta mínima por beneficiario en la región, congelada desde 2010, asciende a 375,55 euros al mes. Esta cifra sitúa a Madrid como una de las comunidades que ofrece una de las ayudas más bajas del conjunto del Estado, sólo por delante de Murcia (300 euros), Ceuta (300), Castilla-La Mancha (372,76) y La Rioja (372,76). Los datos oficiales del Ejecutivo regional reflejan que de enero a julio de este año ha habido 21.224 perceptores de este subsidio, que oscila entre los 375,55 y los 532, 51 euros y representa la última red del sistema de protección social.

En el extremo contrario están Navarra, con 641,40 euros (un 70,7% más alta), el País Vasco, con 612,41(+63%), y Canarias, con 472,16 (+25,7%).

La cuantía de este subsidio en la región, la segunda que generó más riqueza en 2013 (183.292 millones de euros) sólo por detrás de Cataluña, también es 45 euros inferior a la media nacional (420,55).

"Está claro que hay que mejorar las cuantías de la RMI y es una de nuestras demandas. Es una realidad que en Madrid es difícil vivir con este dinero", asegura Mar Ureña, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la capital, quien considera que el verdadero desafío es la elaboración de "una ley marco estatal" que  garantice unos ingresos mínimos a la ciudadanía.

Para Gabriela Jorquera, coordinadora de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), "375 euros es una cantidad absolutamente insuficiente para que una persona pueda vivir en una gran ciudad como Madrid, que tiene un coste vida bastante alto". "Tampoco una familia puede vivir con 532 —la cuantía máxima—. Ni siquiera cubre las necesidades alimenticias", concluye.

Desde la Consejería de Asuntos Sociales aseguran que "una cosa es la cantidad mínima que se estipula y otra lo que realmente cobren las familias, puesto que, esas cantidades mínimas se complementan en función del número de familiares".

En 2013, la Comunidad de Madrid reconoció a este periódico que existía "un atasco en la resolución de las peticiones" de un año de media. En la actualidad, esta situación, según fuentes del Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid, "ha mejorado, aunque siguen existiendo casos de personas que llevan 12 meses esperando una respuesta".  "De todas formas, en la mayoría de los casos no se cumple el plazo legal", añaden. La Ley de Renta Mínima de Inserción obliga a resolver las solicitudes en un plazo máximo de tres meses.

El área de Asuntos Sociales del Gobierno que dirige Ignacio González no ha precisado el  tiempo medio de espera que existe para acceder a esta ayuda y ha señalado que "si en algún momento se produce algún retraso se debe a que los posibles perceptores no presentan toda la documentación".

Desde el inicio de la crisis, el número de solicitudes ha experimentado un espectacular crecimiento. De los 3.878 solicitantes que hubo en 2008 se ha pasado a los 12.908 que se registraron en 2013, lo que supone un aumento de un 232% en seis años.