El Parlamento ha acordado este jueves instar a la Xunta a solicitar al Estado un estudio de sobre la viabilidad de servicios ferroviarios de proximidad en las áreas metropolitanas de Galicia con el fin de impulsar un servicio público de calidad para los usuarios.

Así se ha aprobado en una iniciativa del PPdeG, transaccionada con una enmienda de los socialistas —no se admitió otra del BNG, que se abstuvo—. En ella, el diputado popular Alejandro Gómez Alonso ha destacado que cree "importante" implementar los cercanías en áreas metropolitanas, más allá, de que este año se vaya a cerrar, según prevé, con 4 millones de usuarios de trenes de media distancia en Galicia.

Aunque durante el debate el diputado socialista Raúl Fernández criticó que la iniciativa parecía "un simple reclamo electoral" para ciudades por la cita electoral, finalmente se ha llegado a un pacto.

Con todo, en el turno de palabra del BNG, la diputada nacionalista Ana Pontón ha censurado que la iniciativa "no significa ningún impulso del ferrocarril", pues considera que no tiene contenido explícito, y la ve "la constatación de la sumisión del PP a todo lo que venga de Madrid".

Por su parte, la diputada de AGE Consuelo Martínez ha reprochado que los populares lleguen con esta iniciativa, después de que el Ministerio de Fomento de Ana Pastor se haya basado sólo "en criterio económicos" para cerrar apeaderos en las villas pequeñas "donde más se necesita ese servicio", al tiempo que se anulan diversas frecuencias. "Ese fue todo el interés que puso el Gobierno popular en defender el ferrocarril", ha lamentado.

"deterioro" de transporte de ria de vigo

En otro orden de cosas, el PPdeG ha aprobado sólo con sus votos a favor este jueves una iniciativa para garantizar la movilidad de los viajeros entre los dos márgenes de la ría de Vigo —entre Vigo y Cangas y Moaña—; así como para instaurar "una vía constante de comunicación" con la UE para que en la elaboración de un nuevo marco normativo se asegure que se ajusta a la legalidad.

Gómez Alonso ha enlazado esta cuestión con el plan de transporte metropolitano de Vigo, "a la espera de que Caballero quiere impulsarlo o no", pues lo ve "muy importante" para mejorar los servicios marítimos de la zona.

Toda la oposición ha presentado enmiendas a esta proposición, que los populares han rechazado porque la petición de AGE de que sea un servicio público "es imposible", mientras que Gómez Alonso no cree necesario que se haga un estudio en tres meses como reclaman los socialistas para evaluar la situación, y ha rechazado la demanda del BNG de que se haga un reglamento sobre los derechos de los usuarios pues "ya existe en la UE".

En el debate, la diputada del BNG Ana Pontón ha criticado que esta propuesta "es un brindis al solo" que "no compromete absolutamente nada", y deriva de "la incompetencia" del Gobierno gallego para garantizar un servicio de calidad en una de las áreas más pobladas.

Al respecto, la diputada nacionalista ha alertado de un "deterioro importantísimo" de este de transporte, con subida de precios y supresión de líneas que ha provocado diversas protestas de usuarios, debido a "una liberalización del servicio" que va en detrimento de la calidad.

En esta línea, el diputado socialista Raúl Fernández ha censurado que esta situación "se agrava a medida que va pasando el tiempo", pues el actual servicio "no da respuesta" a las demandas de usuarios en frecuencia, horario o precios.

Asimismo, la diputada de AGE Consuelo Martínez ha criticado que "no es cierto que sea imposible llevar adelante" declarar este transporte como servicio público, pues la UE no recibió ninguna reclamación de Galicia o España para que se recupere esta consideración. Así, ha cargado contra el "fracaso de gestión" que la compañía Mar de Ons en este servicio que está provocando" que los usuarios dejen de usar ese barco, por ello pide que se recupere su condición pública.

Rechazo a iniciativas sobre vivienda

En otra iniciativa, el diputado del BNG Cosme Pombo ha presentado una propuesta —apoyada por PSdeG y AGE, y rechazada por PP— con diversas demandas para garantizar el derecho a una vivienda digna en Galicia, mientras "siguen creciendo los desahucios" y con "8.000 familias" que perdieron la vivienda y quedan con una deuda para toda la vida.

Así, el Bloque reclama reformar la ley para admitir la dación en pago, con el fin de que la deuda "no sea perpetua" para los afectados; la moratoria en el pago de plazos pactados; la inmediata paralización de todos los desahucios; y pide impulsar un parque de viviendas sociales.

Entre otras peticiones, también demanda abolir cláusulas abusivas y los contratos ilegales; subsidiar el alquiler a familias desahuciadas con menores a su cargo. Todo ello, para evitar políticas que "provocan humillación y miseria de miles de familias", después de que la Xunta haya recortado "un 90%" las ayudas para el acceso a la vivienda.

Al respecto, Antón Sánchez ha denunciado que los populares "legislan y trabaja" en pro de los grandes especuladores y los bancos. Y para defender esta aseveración se ha remitido a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo del mes de julio en la que se establece que la ley hipotecaria española deja a los usuarios en situación de inferioridad ante los bancos.

Y es que AGE ha recriminado que "la ley hipotecaria del PP", según avisa, "viola los derechos de las personas según la UE", ya que "es anómala en Europa" por su defensa "del mercado especulativo de la vivienda".

A renglón seguido, el diputado socialista Xosé Sánchez Bugallo ha hecho hincapié en que "miles de familias afectadas por la pérdida de vivienda en los últimos años" y ha recordado que "la propia UE está llamando la atención" sobre la situación que se vive en España, que "es terrible".

Para justificar la negativa del PPdeG a apoyar esta propuesta, Jaime Castiñeira ha señalado que los nacionalistas están pidiendo cosas que "se están haciendo" o, por otro lado, que "empeorarían" la situación de familias, por ello ha pedido al Bloque que "no haga demagogia". "No engañemos a la gente con situaciones que no respetan la verdad", ha señalado.

Tras acusar a los socialistas y nacionalistas de que en su momento "no tomaron ninguna medida" para hacer remitir los desahucios, ha remarcado que en septiembre se hizo una modificación en la ley para adaptarse a la sentencia de la UE. También ha criticado que, previamente, no hubo "ninguna enmienda en ese apartado de ningún grupo" en el Congreso ni el Parlamento gallego.

Castiñeira ha recriminado al Bloque que pida que se derogue la ley de 2013 de procesos de ejecución hipotecaria, pero en ese texto se recoge "una moratoria de dos años" para los desahucios, y se trabaja para que en mayo, cuando finaliza ese plazo, sea ampliado, por lo que si se quita esa ley "se está agravando la situación de las familias en situación de riesgo".

Asimismo, en esta comisión los populares también ha tumbado otra proposición presentada por el PSdeG para que se mantengan el Plan Aluga y para que las ayudas a familias no se conviertan en subvenciones a propietarios. Sin embargo, Castiñeira (PP) ha asegurado que la ayuda directa al inquilino en el Plan Aluga del año que viene está garantizada.

En cambio, Bugallo ha esgrimido la "drástica" reducción de la Xunta de ayudas a las familias necesitadas para el alquiler de viviendas, al pasar de 11 millones en 2011 a tres millones en 2014, a la vez que ha criticado que se desconoce en qué consiste el convenio firmado el pasado 5 de septiembre en Santiago por el Ministerio de Fomento con el Gobierno gallego, pues no se ha informado del "contenido real" de las subvenciones que supondrá en el marco del Plan Nacional de Vivienda.