El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, se ha preguntado este jueves "dónde están los millones de euros perdidos" con el supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos a la Alhambra, que ha pedido que deje de ser "una sucursal del PSOE sevillano".

En rueda de prensa en Granada para valorar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015, Pérez ha considerado que este caso, con un total de 77 imputados, es un "escándalo monumental" y ha aprovechado la ocasión para volver a reclamar más presencia granadina en los órganos de gestión del recinto nazarí. "Yo quiero que esté gestionada por los granadinos, y que cree riqueza", ha indicado el presidente del PP granadino, quien ha indicado que esa petición no "ataca" al monumento, sino que es una "crítica" al PSOE de Sevilla.

"Hacen lo que quieren, como quieren e impunemente", ha señalado Pérez, que ha considerado que si una administración gobernada por el PP tuviera entre sus filas a los mismos imputados y las mismas penas de cárcel que la Fiscalía de Granada reclama para los acusados por esta trama delictiva "no podría salir de la sede".

Pérez ha preguntado "dónde están los millones de euros que se han perdido" con el fraude de las entradas, o dónde la inversión destinada a la presa de Rules, las de los cursos de formación a la de los ERE irregulares.

Sus declaraciones se producen después de que este miércoles se hiciera público el escrito de acusación de la Fiscalía para el llamado 'caso Alhambra', en el que solicita penas de entre cuatro y nueve años de cárcel y multas para 45 acusados.

Concretamente, les atribuye provisionalmente un delito continuado de apropiación indebida —o subsidiariamente un continuado de estafa—; otro continuado de falsedad en documento mercantil; y finalmente un delito continuado de daños al patrimonio histórico artístico.

Para diez de ellos pide nueve años de prisión y 9.000 euros de multa, mientras que para los 35 restantes rebaja la pena a los 4 años de cárcel y 2.160 euros de multa. Por otro lado, para otros 32 imputados interesa el libre sobreseimiento, "por no quedar acreditada su participación en los hechos".

En concepto de indemnizaciones, el fiscal reclama además a todos los acusados, con las agencias de viajes Daraxatour S.L. y Washington Irving S.L. como responsables civiles subsidiarios, que paguen conjunta y solidariamente al Patronato de la Alhambra y el Generalife 6,66 millones de euros, cifra que calcula que supuso el perjuicio económico para el monumento por los ingresos no percibidos y por los daños materiales causados por los excesos de aforo.