Aunque el miércoles el Ministro de Industria aseguraba que las entidades de gestión no podrán cerrar páginas web, al día siguiente las informaciones iban por caminos muy distintos.
Según se explicaba en El País, la decisión de omitir el artículo 17 bis (que legitimaba a las entidades de derecho de autor como la SGAE a obligar a los proveedores a bloquear webs que ellos considerasen que violaban los derechos de autor) provocó las críticas de las entidades gestoras de derechos.
El Ministerio de Industria se comprometió entonces a abrir un proceso que permitiera mejorar el respeto de los derechos de autor en internet.
El Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI) ha recibido la documentación para una reunión que tendrá lugar el 26 de abril.
En ella se especifica un "Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a internet".
Este anteproyecto consiste en los mismos puntos que tenía el artículo 17 bis, es decir, dar alas a las entidades gestoras para que ellas puedan promover el cierre de las páginas web que ellos consideren.
Pero también atañe a los usuarios de internet, y es que establece además que las entidades gestoras también podrán iniciar acciones contra los usuarios de esas páginas a través de la dirección IP.
Si este anteproyecto saliese adelante, podría llevar a una caza de brujas no sólo de las páginas que incluyen e-links sino también de los usuarios que hacen uso de ellas.
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