Los 550 vehículos, valorados cada uno de ellos en 45.000 euros, eran adquiridos en el mercado intracomunitario, principalmente en Alemania.
Entre los ejercicios 2002 y 2005 no liquidaron al erario público 5.500.000 euros correspondientes al IVA y al impuesto de matriculación.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia por estafa presentada por una persona en un juzgado madrileño que había adquirido en un concesionario "multimarca" un vehículo de alta gama procedente de Alemania que había pagado un su totalidad y, sin embargo, no podía matricular en España.
Los responsables habían constituido otra sociedad, en la que al igual que la anterior, figuraban dos mujeres como administradoras únicas.
El fraude consistía en que el dinero recaudado por las sociedades distribuidoras en concepto de IVA repercutido a sus clientes no es ingresado en el erario público ni por estas sociedades ni por ninguna otra sociedad instrumental a su servicio.
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