Antes y después del ataque a una estación de bombeo en la ciudad de Yacuiba, a unos 1.500 kilómetros al sureste de La Paz, el Gobierno de Evo Morales dijo que garantizaba la normalidad de las vitales exportaciones de gas a Argentina y Brasil.
El conflicto por la posesión de un gigantesco yacimiento de gas natural, entre las provincias Gran Chaco y O'Connor del departamento de Tarija, ha derivado en un duro choque entre el Gobierno de Morales y el prefecto (gobernador) tarijeño, el opositor Mario Cossío.
Las provincias se disputan la posesión de Margarita, la mayor reserva de gas del país, con 14 billones de pies cúbicos, operado por la compañía española Repsol-YPF.
El Gobierno decidió por la mañana apartar a Cossío del conflicto y dispuso que el prefecto de Potosí, el oficialista Mario Virreira, se hiciera cargo de la solución del pleito.
Las protestas de Gran Chaco eran una respuesta a bloqueos de carreteras realizados hace dos semanas por O'Connor.
El miércoles al anochecer, cuando se esperaba que las cosas volvieran a la normalidad en Yacuiba, capital chaqueña fronteriza con Argentina, los manifestantes volvieron a marchar hacia la planta de Transredes, filial de la anglo-holandesa Shell, que ya habían ocupado durante varias horas anteriores.
Manifestantes que gritaban consignas como 'Viva el Chaco' y 'El gas es nuestro' obligaron a dos centenares de policías y militares a replegarse hasta un extremo de la planta, en un incidente que parecía escapar del control de los dirigentes.
Algunos testigos dijeron que varios manifestantes saquearon viviendas del personal de la planta e incendiaron dos automóviles.
'Esto ya no es de nuestra responsabilidad, hemos hecho un llamado a la tranquilidad', dijo el presidente del concejo municipal de Yacuiba y líder de las protestas, Jorge Arias, responsabilizando al Gobierno nacional y a la prefectura de Tarija de 'cualquier otro derramamiento de sangre'.
Arias confirmó que, antes del segundo ataque al gasoducto, grupos de manifestantes capturaron a 60 policías y los llevaron hasta el edificio del gobierno municipal, donde permanecían desarmados en la noche.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, prometió una rápida investigación sobre la muerte de un manifestante en Villamontes, otra ciudad chaqueña, aunque insistió en que el Gobierno no había autorizado el uso de armas de fuego para proteger los campos productores y los gasoductos de la región.
/Por David Mercado/.*.
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