La Cámara ha pedido además que este subsidio también se extienda a las mujeres que hubieran acreditado la condición de víctima de violencia de género, a aquellas personas que acrediten una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento, o tengan reconocida una incapacidad que suponga una disminución en su capacidad laboral de dicho porcentaje, y a las personas paradas mayores de 45 años, cuando hubieran agotado la renta activa de inserción o se encontraran dentro de los 365 días naturales anteriores a la fecha de la solicitud del derecho a la admisión a dicho programa.

Se ha propuesto que ese subsidio se conceda por un período de 6 meses, prorrogables de forma sucesiva mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo, de forma que este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15 por ciento.

En cuanto a la cuantía, se ha reclamado que sea igual al 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples mensual vigente en cada momento y que se incremente en función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria. Plantea que cuando las responsabilidades familiares alcanzaran a menores de edad, esta cuantía se incrementará en 100 euros por menor.

Otra demanda de la Cámara consiste en que la Junta reclame al Gobierno que la incorporación a este subsidio no esté condicionada a haber agotado anteriormente alguna prestación contributiva o asistencial, sino exclusivamente a los requisitos exigidos en la propia definición de cada colectivo.

Asimismo, se ha pedido que el Gobierno implemente de manera inmediata con las comunidades y los interlocutores sociales un plan de empleo específico para las personas en desempleo de larga duración. En la iniciativa aprobada se recoge que este plan debe incluir el aumento de la dotación de los servicios públicos de empleo con nuevos técnicos de empleo, que, como mínimo, deberá alcanzar las 3.000 personas expertas en orientación y promoción de empleo, para la atención individualizada de las personas en desempleo de larga duración

En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez ha alertado de que la cobertura por desempleo apenas alcanza a un 58 por ciento de las personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, de manera que si se continúa con la misma dinámica, a final de año, el gasto en protección por desempleo será 6.000 millones menos que en 2013.

Según ha agregado, la cifra de personas en desempleo de larga duración y de familias con todos sus miembros en paro continúa en niveles "intolerables". Ha considerado que ahora que el Gobierno central anuncia el cambio de coyuntura económica, no es posible dejar a las principales víctimas de la crisis "en desamparo como si se tratara de una generación olvidada".

PP-A:

Junta "machaca" a los andaluces

Por su parte, la parlamentaria del PP-A Vanessa García ha indicado que mientras el número de hogares con todos sus miembros en paro ha descendido un cuatro por ciento a nivel español, en Andalucía ha crecido el tres por ciento. Ha criticado que la Junta entienda que no tiene "ninguna responsabilidad" ante esta situación y se ha preguntado si estaríamos en el "top ten" del desempleo en Europa si el dinero de los parados andaluces "no se hubiera quedado en el camino".

Para García, el PSOE-A con una mano "machaca" a los parados andaluces y con la otra plantea iniciativas de este tipo, sin gestionar para dar respuesta a sus problemas. Ha pedido además al Gobierno andaluz que se comprometa de verdad con la renta básica y presente un proyecto ley para regularla. ha querido dejar claro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy cumple y si la Junta "cumpliera con los parados de esta comunidad, seguramente les iría mejor".

El diputado de IULV-CA Manuel Baena ha señalado que, sin duda, la situación es "dramática" en estos momentos, con miles de hogares sin ingresos, lo que exige que los representantes políticos hagan algo. En su opinión, hay que poner sobre el tapete medidas y ha estimado que la proposición del PSOE-A sería "creíble" si fuera acompañada de una movilización de los trabajadores y ciudadanos contra la reforma laboral y la pérdida de derechos desde hace años.

Ha considerado que el Gobierno andaluz también tiene que hacer algo en el marco de sus competencias y ha mostrado su preocupación por que en los presupuestos de 2015 no se vaya a incluir una partida para la renta básica, que permitiría que las personas que no tengan ningún tipo de ingresos reciban una renta mínima.