El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado apoyar al sector olivarero para que la aceituna de mesa sevillana obtenga sello europeo de calidad y logre la Indicación Geográfica Protegida (IGP), así como reclamar a la Subdelegación del Gobierno un refuerzo de las dotaciones policiales en los municipios, tras los altercados vividos el pasado mes de julio en Estepa.

En primer lugar, el pleno ha apoyado a los olivareros sevillanos para que la aceituna de mesa obtenga sello europeo de calidad y lograr la llamada Indicación Geográfica Protegida (IGP) para la aceituna sevillana, una moción en la que IU-CA ha reconducido el debate hacia las condiciones de "semi esclavitud" que, según la coalición, impone la patronal agraria en las explotaciones de olivar de la provincia. El PP, en ese sentido, ha pedido "no criminalizar" a los agricultores por las prácticas de algunos y finalmente la moción ha sido aprobada con un llamamiento añadido al cumplimiento de los acuerdos en materia de condiciones laborales. Todos los grupos han votado a favor excepto del PP, que se ha abstenido.

La segunda moción del PSOE, que reclamaba un regreso al tipo impositivo del ocho por ciento del IVA en el caso del sector del turismo para estimular su crecimiento también ha sido aprobada.

El grupo Popular, de su lado, ha elevado una moción relacionada con los reales decretos Ley 4/2012 y 7/2012, que habilitaban vías de endeudamiento al objeto de que las administraciones locales pudiesen concertar préstamos para saldar deudas con sus proveedores, aunque a cambio de sacrificios en materia de gastos corrientes e inversiones a través de planes de ajuste, es decir de sacrificios en materia de gastos corrientes e inversiones.

Cuestión de intereses

En principio los préstamos habrían sido concertados a intereses que alcanzaban el 5,9 por ciento, aunque el pasado mes de abril, el Gobierno central acordó flexibilizar las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas merced al real decreto Ley 4/2012. El pasado mes de julio, el Estado emitía un nuevo real decreto Ley facilitando a los ayuntamientos adheridos a esta medida la cancelación de los préstamos suscritos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para refinanciar sus préstamos con la banca privada. La moción del PP, en ese sentido, pedía a la Diputación "una nueva línea de financiación sin intereses y con cargo al remanente de tesorería", para los ayuntamientos que deseen cancelar total o parcialmente sus deudas por el mencionado mecanismo estatal de pago a proveedores.

La moción ha contado con el respaldo del PP, el PA e IU-CA, y el rechazo del Grupo socialista, que goza de mayoría absoluta, por lo que no se ha aprobado. Y es que mientras el PP reclamaba "aliviar" a los ayuntamientos mediante esta propuesta, el Gobierno provincial socialista ha defendido que ya tiene en marcha su línea de anticipos reintegrables sin intereses para que los ayuntamientos cuenten con adelantos de la recaudación tributaria que les tramita la administración provincial. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, no obstante, ha manifestado que está abierto a estudiar opciones si hay cuantías "sobrantes" de los citados anticipos.

Para cerrar la sesión, ha sido aprobada una moción del PA que reclama a la Subdelegación del Gobierno, de forma urgente, un plan especial de seguridad en los municipios de la provincia aumentando la dotación de efectivos en los cuerpos de seguridad, principalmente a cuenta de los disturbios vividos en Estepa después de que una manifestación ciudadana por una oleada de robos derivase en el asalto y quema de las viviendas habitadas por el clan de etnia gitana supuestamente conectado con dichos robos. La moción ha sido aprobada con el voto favorable de PA y PSOE ya la abstención de PP e IU-CA.