La asociación Conceyu por Otra Función Pública ha cargado este jueves contra el Gobierno del Principado de Asturias y ha dicho que el proyecto de ley de Transparencia que impulsa el Ejecutivo sigue "ocultando" información "fundamental" sobre el personal de confianza política.

La norma, por lo tanto, no supondría "ningún avance" respecto a la "ocultación deliberada" de los 98 asesores de confianza política que hay en el Gobierno asturiano y que "ocupan cargos públicos retribuidos con cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma".

Desde Conceyu se preguntan por las "inconfesables razones" que llevan al Ejecutivo regional y a la Junta General del Principado de Asturias a "impedir el conocimiento público de la identidad de los asesores políticos, a diferencia de lo que sucede con el resto de los empleados públicos, cuyo nombramiento figura publicado obligatoriamente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

La asociación quiere saber quiénes son los tres asesores del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, que tienen un nivel 30 y una retribución anual de cada uno que asciende a 54.728,38 euros.

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, también tiene tres asesores con nivel 28 y una retribución anual para cada uno de 50.041,56 euros, según Conceyu, que quiere saber quiénes son. Otros cinco asesores de distintos consejeros están en la misma situación.

"¿Quiénes se esconden en los 47 puestos de asesores de los grupos parlamentarios de la Junta General?", se han preguntado también desde Conceyu, insistiendo en que el proyecto de ley de Transparencia que actualmente se tramita en el parlamento asturiano "mantiene la misma información sobre el personal de confianza política que ya ofrece el Gobierno del Principado en su página web".

A juicio de Conceyu, esa "ocultación ilegal" de información resulta "especialmente grave" si se tiene en cuenta que, según dispone el artículo 2 del Proyecto de Ley de Buen Gobierno el personal eventual del gabinete del Presidente y los Jefes de Gabinete de los titulares de las Consejerías tienen la condición de "altos cargos" y "están sometidos al régimen de incompatibilidades, conflictos de intereses y demás normas de transparencia de intereses, actividades y patrimonio que los miembros del Gobierno".

"Por imperativo democrático, el Gobierno asturiano debe una explicación sobre esta ocultación contumaz y reincidente, más pronto que tarde", han concluido desde Conceyu por Otra Función Pública.