La Fiscalía de Sevilla ha denunciado al alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías (PSOE), por un presunto delito de usurpación de funciones públicas tras permitir supuestamente que un empleado del Ayuntamiento con la categoría de vigilante municipal realizara funciones en calidad de agente de la autoridad como policía local.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Luis Martín Robredo informa de que, a instancias del sindicato CSIF, ha formulado denuncia ante el juzgado decano de Sevilla contra el alcalde de Salteras y también contra el empleado municipal que habría realizado funciones de policía como presuntos autores de un delito de usurpación de funciones públicas.

El sindicato CSIF elevó el pasado 28 de marzo un escrito a la Fiscalía en el que denunciaba que Antonio Valverde "ha permitido o consentido" que el empleado del Ayuntamiento referido, "con la categoría de vigilante municipal, realizara sin serlo funciones en calidad de agente de la autoridad como policía local de Salteras".

En su denuncia, consultada por Europa Press, el presidente de la Unión Provincial de CSIF, Rosendo Martínez Colorado, señalaba que "el comportamiento del alcalde denunciado se concreta en la atribución al referido empleado municipal de un número identificativo propio de la Policía, así como el uso del uniforme reglamentario".

De este modo, el empleado municipal habría "realizado durante años actos de servicio como intervención en detenciones, reparto de los servicios en el cuadrante como un policía local más de la plantilla, patrulla ciudadana, realización de atestados como secretario de los mismos y ratificaciones en presencia judicial, así como declaraciones en calidad de testigo en los procedimientos penales derivados de los atestados en los que ha intervenido realizando funciones de policía".

CSIF asevera que, "siendo consciente el alcalde de su comportamiento, y ante la publicación en prensa de la imputación de otro alcalde de una localidad cercana por hechos similares, en febrero de 2011 da orden al jefe de la Policía Local de que cambie su denominación" de policía local por la de "vigilante municipal" y "que comunique a los demás miembros del cuerpo que firmen todas las intervenciones en las que participe" el empleado denunciado, "de forma que éste no figure".

A pesar de ello, el trabajador "sigue ejerciendo todo tipo de funciones policiales después del cambio de denominación como venía haciendo", sostiene el sindicato, que relata que en noviembre de 2013, "coincidiendo con la condena por sentencia firme del alcalde de la localidad cercana mencionada, decide poner fin a la situación relevándole de todas las funciones que realiza como agente de la autoridad y pasando a realizar otras tareas de tipo administrativo, ya en el Ayuntamiento y sin uniformidad de policía".

CSIF asevera que el alcalde de Salteras "conocía de la obligación de regularizar la situación de este vigilante municipal a raíz" de la Ley de Coordinación de Policías Locales 13/2001 de 11 de diciembre, pero "sin embargo no lo hizo, incurriendo presuntamente y sin perjuicio de la calificación que de estos hechos merezca al Ministerio Fiscal, en un posible delito de prevaricación en relación con delitos de usurpación de funciones o falsedad en documento público".

Por ello, instó a la Fiscalía a intervenir "a fin de que se depuren las responsabilidades penales que hubiere" y de determinar si existen más personas responsables.