El Ministerio Público ha solicitado penas de entre tres años y medio de cárcel para un procesado y otros dos años de prisión para cada uno de tres acusados de un delito continuado de estafa en la compra de grandes cantidades de productos ibéricos, tales como jamones, chorizos o salchichones, valorados en más de 45.000 euros. El juicio se prevé celebrar este jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba.

Según recoge la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, durante el mes de diciembre de 2009, los acusados, "de común acuerdo todos ellos", realizaron distintos pedidos a varios secaderos de jamones ubicados en el norte de la provincia de Córdoba, principalmente en Pozoblanco, Villanueva de Córdoba e Hinojosa del Duque, con el fin de "beneficiarse" con los productos ibéricos que les fueran servidos, "sin pagar precio por ellos".

De este modo, en ejecución del plan que habían trazado, uno de los acusados supuestamente se hacía pasar por el propietario de una empresa solvente con sede social en la capital cordobesa, y telefoneaba a los distintos secaderos, cada vez con un número de teléfono diferente.

Así, proporcionaba el CIF y el número de cuenta corriente que la empresa tenía abierta en una entidad bancaria, que previamente los procesados habían obtenido "ilícitamente y por un medio que no ha podido ser determinado", indica el fiscal, quien relata que una vez proporcionada la confianza de la empresa contactada, y verificada por parte de cada uno de los secaderos, "la veracidad en la identificación facilitada" de la empresa, los acusados lograban su propósito obteniendo grandes partidas de productos ibéricos, que serían abonadas bien directamente desde la cuenta o a través de pagarés.

No obstante, al llegar el día del pago y reclamar los secaderos afectados a la empresa las distintas facturas, desde dicha entidad les informaban de que "habían sido engañados", según apunta el fiscal, quien detalla cuatro pedidos, entre el 8 y el 9 de diciembre, en los que los acusados contrataron dos servicios de transporte de distintas provincias y dos transportistas, que supuestamente desconocían "las maquinaciones fraudulentas".

Además, el fiscal señala que uno de los acusados es reincidente, después de que ha sido condenado en tres sentencias hasta un total de 28 meses de cárcel, por delitos de estafa.