Francisco G.M., el principal imputado de la presunta estafa de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) aseguró hoy que si el juez no hubiera decidido intervenir la empresa "se hubieran realizados algunas viviendas" y la promotora hubiera "devuelto el dinero a los clientes que se dieron de baja".

La CPV cerró sus oficinas en 2002 dejando a casi 2.000 afectados sin casa en los PAUs de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas.

Durante la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid, Francisco G.M. indicó que si le hubieran dejado, habría "saldado las cuentas" con los clientes.

"Cuando se intervino la CPV la empresa tenía algo de dinero en liquidez, y mucho en letras de cambio y en activos que podrían haber servido para pagar a los afectados", señaló el encausado.

Así, dijo que su intención siempre fue "construir las viviendas con el dinero" que habían dejado los clientes como señal, pero debido al "déficit estructural, a la quiebra de la empresa" y a la revalorización de los terrenos de de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas no fue posible la construcción de los pisos. Además, Francisco G.M. alegó que desde la CPV se hizo "todo lo posible para devolver" el dinero a aquellos clientes que lo solicitaban.

"No me siento capacitado para engañar a nadie y menos a gente como los clientes, que estaban más preparados que yo", indicó el imputado, quien tachó de "imbécil" la acusación de que actuara de mala fe o con el objetivo de quedarse con el dinero, por lo que rechazó tajantemente haberse enriquecido con el importe de los ahora afectados.

"Si no hubiera existido la acción penal, la CPV sería ahora una empresa perfecta", aseveró. Esta promotora fue declarada en quiebra en diciembre de 2002 tras casi cinco años de actividad.

72 años de cárcel para los seis imputados

El escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, acusa a un total de seis personas, entre ellas dos hijos de Francisco G.M., por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, ya que llegaron a obtener un beneficio de 37,5 millones de euros de las familias, por lo que el fiscal solicita penas de entre 4 y 16 años de prisión para seis de los encausados, lo que supone una suma de 72 años de cárcel. La empresa fue declarada en quiebra en diciembre de 2002 tras casi cinco años de actividad inmobiliaria.

Francisco G.M., que entre ayer y hoy se ha enfrentado a las preguntas de los 36 letrados que defienden a los afectados y que sólo contesta algunas de ellas, destacó que cuando de forma masiva los clientes comenzaron a pedir la devolución de su dinero, la promotora "no tenía liquidez", por lo que se vieron "obligados a vender terreno, de tal forma que llegamos a pagar a más de 500 personas". "Yo conservaba la esperanza de cumplir con los contratos de los clientes", apuntó.

Además, Francisco G.M.

Por su parte, los dos hijos, accionistas y administradores de la CPV, se negaron a responder a la mayoría de las preguntas de los letrados, y dejaron claro que ellos no tomaban "ninguna decisión" en la promotora y se "limitaban a obedecer las indicaciones de su padre". "Mi padre me decía que firmara y yo firmaba", dijo uno de los hijos, quien admitió no tener ni siquiera tiene el graduado escolar. El juicio se reanudará el próximo martes a las 10:00 horas en la Audiencia de Madrid.