La Plataforma en Defensa del Abono Transporte E, de Ávila, y la Plataforma de Usuarios de La Sepulvedana, de Segovia, integradas por usuarios del transporte en autobús a Madrid, han registrado este viernes a mediodía en sus respectivos servicios territoriales de Fomento alrededor de 9.500 firmas para reclamar los abonos E1 y E2 en igualdad de condiciones que los viajeros de Castilla-La Mancha —Guadalajara, Cuenca y Toledo—.

Estos colectivos señalan que existe igualdad administrativa y regional entre las comunidades manchega y castellanoleonesa, pero diferentes derechos para sus viajeros. Así, mientras que los de Castilla-La Mancha gozan del abono E, los de Castilla y León mantienen el C2 combinado, que según se quejan está vigente de 2006 y ha quedado en la actualidad "desfasado", pues no se ajusta a las condiciones que requieren hoy los usuarios.

Óscar de Diego, portavoz de la plataforma segoviana, ha explicado tras registrar las 4.500 firmas recogidas en Segovia que un nuevo convenio entre la Junta y el Consorcio Regional de Transporte de Madrid permitiría a los pasajeros de Castilla y León ahorrar hasta 150 euros cada mes y disfrutar de 15 tipos de abonos frente a los cuatro actuales, así como de mayor frecuencia de autobuses.

En declaraciones recogidas por Europa Press, De Diego ha subrayado que, mediante un nuevo acuerdo, las líneas quedarían reguladas por el Consorcio madrileño y no por las compañías concesionarias (Avanza en Ávila y La Sepulvedana en Segovia), lo que favorecería que el abono mensual se convirtiera en un derecho y no en un servicio voluntario de las empresas.

Estas, en la actualidad, solo tienen la obligación de prestar el servicio de ida y vuelta de acuerdo con los precios que establece Fomento y no de ofrecer un abono mensual, por lo que este se encarece cuando la concesionaria lo considera oportuno, según ha lamentado.

Los representantes de ambas plataformas, que han indicado que continuarán con la recogida de apoyos, han manifestado que, tras la reivindicación social, quedar ahora todo en manos de la Junta de Castilla y León, la administración encargada de negociar el convenio.

"La pelota está en el tejado de la Junta", ha afirmado Marta García, portavoz de la plataforma abulense, quien ha incidido en que el deseo no es una mejora del abono C2, pues no entienden qué mejora se puede hacer de él, sino la implantación del bono E.

García, que ha registrado 5.000 firmas recopiladas en Ávila, ha solicitado al Gobierno regional que cuantifique y diga realmente cuál es el coste que conlleva la implantación del abono E, de manera que ayuntamientos y diputaciones puedan pronunciarse sobre la posibilidad de colaborar en el convenio, como reclamó la Junta.

Apoyo de otras administraciones

En su lucha por un nuevo acuerdo, ambas plataformas cuentan con el respaldo de administraciones como la Diputación y el Ayuntamiento de Ávila, que oficializarán su apoyo a través de mociones en los plenos de este mes, según ha asegurado García, que ha anunciado además que el delegado territorial de la Junta en la provincia, Francisco José Sánchez, recibirá a la Plataforma abulense el próximo día 25.

En el caso de Segovia, donde un millar de trabajadores y estudiantes se beneficia del convenio, la Diputación anunció en julio su intención de colaborar con la Junta para "mejorar" el acuerdo —el actual, que incluye el abono C2-, mientras que los ayuntamientos de Segovia, El Espinar y Otero de Herreros "se han volcado por entero" para apoyar a la plataforma, según ha dicho Óscar de Diego, quien ha agregado que la Comunidad de Madrid no tiene inconveniente alguno en alcanzar un nuevo acuerdo.

"Si la Junta quiere pagar, Madrid encantada", ha expresado este portavoz, al tiempo que ha precisado que el pago del convenio es asumido en alrededor de un 70 por ciento por Castilla y León y en otro porcentaje menor por el Consorcio de la comunidad vecina.

Al respecto, ha censurado que la Junta justifique su negativa a sufragar un nuevo acuerdo con que son menos los usuarios de Ávila y Segovia que los de Castilla-La Mancha, ya que a su juicio esa cifra menor conlleva un coste más bajo debido a que existen menos líneas (una por cada provincia). "No se puede hacer una comparativa, en Castilla-La Mancha hay muchos más servicios y más usuarios, por eso se paga más", ha aseverado.

Según los datos aportados por De Diego, la región manchega abona por el convenio entre dos y tres millones de euros anuales, mientras que Castilla y León lo sufraga con 800.000 euros.

El portavoz, quien ha estado acompañado por Mario Martín, de la misma agrupación, ha insistido en su llamamiento a la Junta para que, si Segovia y Ávila no quedan dentro de las zonas E1 y E2, alcance un acuerdo que se aproxime lo máximo posible a las modalidades que rigen a estos abonos, que incidan especialmente en el precio, que es lo que más cuesta al usuario.

Ambos colectivos han remarcado que las condiciones actuales no favorecen el asentamiento de población en la Comunidad, sino todo lo contrario, de ahí que la cuestión debería convertirse, en su opinión, en una "prioridad".