La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que el Gobierno central solo oferta "más sacrificio" y "debilitamiento" de los servicios públicos en el Programa nacional de reformas 2014 y el Programa de Estabilidad 2014-17 que han sido remitidos a la Comisión Europea y con los que pretende "cargar a las comunidades la mayor parte del ajuste".

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, Montero ha señalado que es preocupante que las políticas de estímulo económico que se han puesto en marcha en España no estén consiguiendo los resultados que se esperaban y, de hecho, las políticas de austeridad a ultranza pueden estar llevando a una depresión económica.

Ha indicado que el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, ha manifestado su preocupación días atrás por el riesgo de una tercera recesión, algo que está detrás de la actuación contundente del BCE a principios de este mes, y ha señalado que si la Junta hubiera sido la que dijera eso se la tacharía de "catastrofista".

María Jesús Montero ha denunciado que las propuestas de reforma presentadas por el Gobierno central a la Unión Europea supondrán un ajuste de más de un 15 por ciento del gasto público nacional, con una reducción de 50.000 millones de euros hasta 2017, de los que 20.000 millones corresponderán a las comunidades.

"Rajoy insiste en cargar sobre las comunidades la mayor parte del ajuste", ha subrayado la consejera, quien ha explicado que 20.000 millones de euros deberán proceder del ajuste de plantillas y bienes al servicio de la sanidad, la educación y los servicios sociales, competencias que gestionan las comunidades.

Ese ajuste lo ha cifrado en 5.300 millones de euros para el conjunto de las comunidades en 2014 y que, sumados a los 3.389 millones de 2013, elevan el esfuerzo autonómico a casi 8.800 millones en dos años, y que para Andalucía son casi 1.500 millones de euros.

Durante su intervención, la consejera se ha referido a los que considera "agravantes", como que el Estado se reserve el 80 por ciento del déficit disponible o que el establecimiento de un límite homogéneo para todas las regiones permita que algunas prácticamente no tengan que hacer esfuerzo alguno, mientras "otras nos vemos abocadas a otro esfuerzo titánico más".

Montero ha mostrado su preocupación por las consecuencias de estas reformas, cuyo alcance para Andalucía no aparece cifrado en los documentos, pero que se traducen en "sacrificios" que no dan respuesta a las "demandas y necesidades" de la ciudadanía española, según ha expresado.

Concretamente, se ha referido a "la destrucción" de 420.000 puestos de trabajo en esta legislatura en España; una tasa de paro que no bajará del 20 por ciento hasta el año 2017; la "pérdida" de poder adquisitivo de los pensionistas españoles; una deuda pública que rozará el cien por cien del PIB en 2014 y llegará al 101,5 por ciento en 2015, y al aumento neto de los impuestos en casi 30.000 millones.

"falta de reformas" en andalucía

Por su parte, El diputado del PP-A Rafael Carmona ha recordado la situación de "quiebra" en la que se encontraba España cuando su partido llegó al Gobierno central, frente a la que el presidente del mismo, Mariano Rajoy, tomó las medidas necesarias. Según ha detallado, la situación de "desastre en el empleo, el crecimiento económico y en la financiación" era por "el mal análisis" del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Frente a esto, ha apuntado que la situación en la actualidad es "difícil", pero "mejor", aunque queda "mucho por hacer.

En el caso de Andalucía, Carmona ha señalado la falta de un programa de reformas. "No conozco una línea estratégica para afrontar la crisis", ha subrayado.

El parlamentario del PSOE-A Enrique Benítez ha manifestado que el Programa nacional de reformas aprobado por el Gobierno central en abril presentaba un ajuste "muy duro" y muchos expertos lo calificaron de un "brindis al sol". Se ha mostrado convencido de que el Gobierno va intentar cumplir con Europa trasladando la responsabilidad a las comunidades autónomas, pero no a todas por igual, sino que cargará más sobre aquellas que no están gobernadas por el PP, especialmente, Andalucía.

Ha criticado que el Gobierno, en vez de castigar y utilizar su capacidad coercitiva con las comunidades que no cumplen, las premie utilizando el fondo de convergencia. Se ha mostrado seguro de que el Ejecutivo nacional va a ser mucho más duro con Andalucía que con otras regiones.

El diputado de IULV-CA Ignacio García ha manifestado que las consecuencias de la política conservadora y de derechas en lo económico y social que se está haciendo tanto en el Estado español como en Europa se ven a diario, en la realidad de los ciudadanos, y solo están generando sufrimiento, paro y pérdida del estado del bienestar. Ha mostrado su preocupación por que Bruselas reclame a España una nueva vuelta de tuerca en la reforma laboral y ha estimado que la sociedad española no debería caer en la tentación de dar por buenos "los cantos de sirena de que estamos saliendo de la crisis".