Cerrada la operación patrimonial que da la Junta la propiedad de la antigua sede de la Agencia Tributaria en Valladolid

La Sección de Castilla y León de la Comisión Mixta de Transferencias ha completado esta mañana la compleja operación patrimonial por la que la Junta se convierte en dueña de la antigua sede de la Agencia Tributaria en Valladolid, ubicada en el número 5 de la Plaza de Madrid de la ciudad.

La Sección de Castilla y León de la Comisión Mixta de Transferencias ha completado esta mañana la compleja operación patrimonial por la que la Junta se convierte en dueña de la antigua sede de la Agencia Tributaria en Valladolid, ubicada en el número 5 de la Plaza de Madrid de la ciudad.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado la cesión de este inmueble a la Comunidad a cambio del situado en la Plaza de la Constitución, 1 de Salamanca, que hasta marzo de 2013 estuvo ocupado por la Delegación Territorial del Ejecutivo autonómico en esa provincia.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha presidido hoy en Valladolid la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, Sección Castilla y León, en la que se ha acordado asumir la propiedad del 22,37 % del edificio de la Plaza de Madrid, 5 de Valladolid.

Se trata de una transmisión que no tiene ningún coste para el Gobierno autonómico, puesto que se efectúa con cargo a la llamada deuda de superficie. Ahora bien, la Junta subraya que la importancia de la operación radica en que con ello se cierra el proceso administrativo para que la Comunidad adquiera pleno dominio sobre el inmueble, situado en pleno casco histórico, que era sede de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La Junta ya poseía el 77,63 % restante, puesto que el pasado junio la Consejería de Hacienda aceptó la titularidad de ese porcentaje a cambio de ceder al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el edificio de la céntrica Plaza de la Constitución, 1 de Salamanca.

Este último quedó vacío en marzo de 2013, cuando todos los servicios autonómicos en la ciudad se centralizaron en la nueva Delegación Territorial de la calle Príncipe de Vergara. La permuta se hará efectiva en los próximos días, una vez se formalice la escritura pública pertinente.

El intercambio de un inmueble por el otro resulta muy ventajoso para ambas administraciones, en la medida en que consiguen más espacio para ubicar sus oficinas sin coste. De hecho, la Junta podrá eliminar gran parte de los arrendamientos que tiene en la capital vallisoletana y, como consecuencia de ello, un importante ahorro en alquileres.

La decisión sobre los servicios que se trasladarán a la Plaza de Madrid aún no está tomada, puesto que previamente es preciso realizar una inspección técnica que determinará si es preciso efectuar alguna obra de adaptación.

Inversiones en estaciones de autobuses

La reunión de esta mañana ha servido asimismo para dar conformidad al borrador de acuerdo por el que la Junta asume la propiedad de las estaciones de autobuses de Valladolid, Palencia, Salamanca y Soria y las localidades salmantinas de Béjar y Ciudad Rodrigo, un acto formal que no afecta a la competencia que ejerce Castilla y León en esta materia pero que permitirá llevar a cabo inversiones dirigidas a la modernización de esas instalaciones.

En la misma línea, se ha dado luz verde a la propuesta por la que el Gobierno autonómico adquiere la titularidad de los institutos de ESO de los municipios zamoranos de Villalpando, Fuentesaúco y Camarzana de Tera, así como a la cesión a la Comunidad de una pequeña parte del edificio de la Junta de la avenida de Requejo, número 2 de Zamora, que aún permanecía en manos del Estado.

Se trata de 85 metros cuadrados en los que se instalará la Gerencia del Servicio Público de Empleo, lo que generará un ahorro anual de 70.000 euros como consecuencia de la rescisión del alquiler del espacio que ocupa actualmente.

La sección castellana y leonesa de la Comisión Mixta de Transferencias es el órgano en el que se abordan en primera instancia los traspasos de funciones y servicios entre el Estado y la Comunidad. Está formada por diez miembros: la consejera Pilar del Olmo, que ocupa la presidencia; una funcionaria de la Consejería de Hacienda, que actúa como secretaria, y ocho vocales de los que cinco están nombrados a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, dos por el Grupo Socialista y uno a instancias del Grupo Mixto.

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