Junta firma con Diputación y municipios la prórroga de ayudas a familias, con 1,4 millones contra la exclusión

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presidido la firma de la prórroga del convenio del Programa de Ayudas Económicas Familiares en Sevilla para ayudar a las familias en riesgo de exclusión, en un acto junto al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Francisco Javier Fernández, y alcaldes y concejales de los municipios de la provincia de más de 20.000 habitantes.

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presidido la firma de la prórroga del convenio del Programa de Ayudas Económicas Familiares en Sevilla para ayudar a las familias en riesgo de exclusión, en un acto junto al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Francisco Javier Fernández, y alcaldes y concejales de los municipios de la provincia de más de 20.000 habitantes.

En este marco, la Junta destinará este año un total de 1.371.887,24 euros para 18 entidades, del total de 5.981.905 que empleará en Andalucía. El citado programa atendió en 2013 a más de 13.000 familias andaluzas y casi 25.000 menores, de los que 2.826 familias y 5.157 menores son sevillanos.

La consejera ha destacado que las ayudas han aumentado a nivel regional en alrededor de medio millón de euros para atender las necesidades más básicas de los menores de aquellas familias que se encuentran en situación de dificultad y ante "lo que no podemos mirar para otro lado".

Ha destacado el trabajo realizado por los profesionales que desarrollan su labor en los servicios sociales comunitarios de los municipios, "puerta de acceso a estas ayudas para las familias y los menores en desventaja social o situación de riesgo". Sánchez Rubio detalla que estos centros ofrecen información sobre los diversos programas de atención existentes y se tramitan prestaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas todas las relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia.

Los datos de evaluación de este programa, que se viene ofertando ininterrumpidamente desde 1999, reflejan que el pasado año 2013 se beneficiaron de estas ayudas un total de 13.008 familias y 24.924 menores, "por lo que esperamos que este año podamos atender a más personas que se encuentren en una mala situación económica provocada por la crisis ya que hemos aumentado la dotación presupuestaria con medio millón de euros más", ha señalado Sánchez Rubio.

Por su parte, Villalobos ha puesto en valor un acuerdo que permite "respaldar" a los ayuntamientos, donde los menores de 20.000 habitantes recibirán "unos 400.000 euros que se complementarán con la aportación de la Diputación y de los municipios" con el objetivo de cubrir las necesidades básicas.

El presidente provincial ha aprovechado este marco para llamar la atención sobre la importancia del municipalismo a través de su cercanía al ciudadano. Así, ha negado que la gestión municipal sea un "desastre", pese a que haya "algunos políticos que hayan intentado hacer ver" esa situación, sino que por el contrario "se ha resurgido" ante la crisis.

"Los municipalistas no podemos mirar hacia otro lado ante los problemas que plantean los ciudadanos", sentencia, tras insistir en que la Diputación demuestra que se está "en el camino correcto, siendo receptiva a las demandas de los alcaldes".

Ayudas temporales,

Dinerarias o en especie

Las ayudas económicas familiares están diseñadas como una prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios y se definen como prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Las ayudas se pueden cobrar durante un periodo máximo de seis meses.

El objetivo de estas ayudas es prevenir, reducir o eliminar los factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para menores, con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias.

La población que puede ser beneficiaria la constituyen las familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado. Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad familiar, podrán incluirse alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente incidan en el bienestar del menor.

Plan extraordinario de ayuda a la contratación

Esta misma semana ha salido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la relación de ayuntamientos que se han adherido al Plan Extraordinario de Ayuda a la Contratación, que apuesta por el empleo como fórmula de lucha contra la exclusión, y que cuenta con 40 millones de euros de presupuesto. Gracias a este plan, el 99,2 por ciento de los ayuntamientos solicitantes podrán realizar contratos a alrededor de 25.000 personas. En Sevilla participan sus 105 municipios, que se repartirán 8,8 millones y se prevé contratar a casi 5.500 personas.

Este plan de contratación es una de las medidas contempladas por el Decreto de Inclusión, que beneficiará a más de 160.000 personas. Este decreto, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en junio, destina unos recursos adicionales de más de 64 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. Estos 64 millones suponen 8 millones más de la cuantía que se destinó el año pasado en el decreto de exclusión a las medidas que vienen incluidas en ambas normas.

El presupuesto del decreto se suma a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo o las Ayudas Económicas familiares. En total, con estas cuatro medidas suman cerca de 158 millones de euros destinados por parte de la Junta de Andalucía a la inclusión social.

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